El despido de dos abogados de Podemos abre una grave crisis interna

José Manuel Calvente, hasta ahora delegado de Protección de Datos, recibió el lunes un burofax en el que se le comunicó el despido disciplinario (sin derecho a ningún tipo de indemnización) por acoso sexual y laboral a una empleada. Mónica Carmona, responsable de Cumplimiento Normativo, se irá a la calle por la necesidad de «reorganizar equipos», según describió ella misma en una carta enviada el miércoles al Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano directivo de Podemos.

La verdad, según los afectados, es otra. Carmona explica que se trata de «un grave acto de represalia y posibles coacciones» por la investigación que ambos llevaban a cabo sobre «irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y las primarias del partido».

Calvente, abogado de Podemos desde el nacimiento del partido en 2014 y hombre de confianza de Iglesias, al que ha defendido en los tribunales, anunció hoy una querella por calumnias contra tres altos cargos, el secretario de Organización, Alberto Rodríguez, la diputada Ione Belarra y la gerente, Rocío Val, a los que acusa de crear «pruebas falsas» para justificar el despido por acoso sexual y laboral. Lo hicieron, prosigue, por la investigación de «las corruptelas» que, junto a Carmona, habían detectado. Estas supuestas irregularidades podrían «comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal», afirma la hasta ahora responsable de Cumplimiento Normativo.

Aunque Calvente no quiere ser muy explícito sobre la naturaleza de estos comportamientos ilícitos, apunta que algunos altos cargos del partido, que adquirieron el compromiso público de que su remuneración no supere el triple del salario mínimo (ahora 900 euros mensuales), percibían sobresueldos de 900 euros, 600 en nómina y 300 en negro. Asimismo, fuentes cercanas al abogado citan contrataciones ilegales con empresas vinculadas a dirigentes, como Rafael Mayoral, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales.

Desde la dirección del partido negaron las acusaciones de los letrados y se mostraron convencidos de que no se podrá probar nada en los tribunales. En cambio, sostienen, «está demostrada» la denuncia de acoso sexual y se remiten a los mensajes incorporados en el burofax en que se comunica el despido a Calvente. La secretaria de Feminismos, Sofía Castañón, lamentó que se haya aireado el caso cuando estos asuntos deberían dirimirse con «discreción», pero afirmó que el despido está motivado por «un acoso laboral por razones de género». El resto de acusaciones, añadió, «no tienen ningún fundamento».

Pablo Iglesias, que hoy participó en un coloquio en el Congreso, Evitó hacer comentarios, y, salvo Castañón, ningún dirigente quiso hablar en público. Pero la convulsión interna estaba servida.

La dirección de Podemos trata de bajar decibelios la polémica y limitar los daños porque las consecuencias pueden ser de calado jurídico y político. Ya lo advierte en tono enigmático la abogada Carmona en su carta al Consejo Ciudadano: «La judicialización de los hechos traerá graves consecuencias para el partido puesto que saldrán irremediablemente a la luz hechos tremendamente comprometedores para algunos cargos internos y responsables del partido».