La demanda a Llarena busca mantener la tensión hasta el juicio del 'procés'

De este acto previo saldrá la decisión del juzgado de admitir o no a trámite la demanda, que antes de tomar impulso ya ha logrado los objetivos que buscaba: mantener la tensión hasta el juicio del 'procés', previsto entre noviembre y enero, dar visibilidad a la internacionalización del conflicto, interferir en la agenda política nacional y poner de nuevo en evidencia al Estado español a través de su justicia, después de la rotunda victoria de Puigdemont en Alemania.

A esto se añade las interferencias generadas en el Gobierno con respecto al pago de la defensa de Llarena, que provocó la intervención del presidente del Gobierno para cambiar el criterio inicial de la ministra de Justicia de que no se abonara este gasto particular. Una corrección en toda regla de Pedro Sánchez a Dolores Delgado, pese a que se haya explicado que las diferencias fueron por «matices técnicos». Al final, se han presupuestado 545.000 euros para bufete de Bruselas seleccionado: Liedekerke.

En suma, la demanda contra Llarena ya ha generado más revuelo externo que expectativas de resultado, incluso los propios abogados de Puigdemont no le dan mucho recorrido. «Queremos ganar, pero sabemos que es difícil y es secundario», admitió esta semana Jaume Alonso-Cuevillas en una entrevista en Rac1. Se trata, por lo tanto, de una acción más dentro de su estrategia procesal, al igual que la recusación de cinco de los magistrados que compondrán el tribunal del 'procés'. Un incidente basado en argumentos banales pero con el fin último de desprestigiar al Tribunal Supremo y de alargar la llama del enfrentamiento a través de maniobras con más eco que eficacia jurídica. Y no serán las últimas que se verán.

«Será un otoño caliente porque estamos en un momento excepcional. El objetivo de la demanda era poner en evidencia que el juez Llarena no se estaba respetando la presunción de inocencia (de los procesados), pero lo que ha quedado evidenciado es que la presunción de inocencia no se ha respetado en el conjunto del Estado», reconoció Alonso-Cuevillas, para quien el propósito «ya se ha logrado y lo que pase a partir de ahora es indiferente».

Pero con lo que no contaban los abogados era la polémica sobrevenida por el relato de los hechos de la demanda. Más allá de los grandilocuentes juicios de valor que introduce, la manipulación de la traducción al francés de las declaraciones de Llarena en un acto en Oviedo, que originaron la acción judicial, podría ocasionarles un serio disgusto.

En la vista de mañana los demandantes tiene previsto comunicarle el «error» al juez belga y modificar el escrito, pero el despacho contratado por Justicia ya estudia si rasca en la herida del posible fraude procesal. De forma posterior, se entrará en el debate sobre la carencia de jurisdicción sobre un presunto daño reputacional, el que justifican los abogados de Puigdemont, que de haberse producido ocurrió en España.

La actuación del Estado está siendo diseñada personalmente por la abogada general, Consuelo Castro, que tendrá que decidir si se produce una personación de España como tal para defender la soberanía jurisdiccional. Si ocurriera vetaría que el Estado pudiera recurra en el futuro una eventual decisión del juez belga ante instancias supranacionales.