Las defensas buscan anular el 'caso Villarejo' porque hubo escuchas ilegales

Los defensores del principal acusado, en las dos primeras jornadas del juicio, y este lunes del también comisario Enrique García Castaño o del hijo de Villarejo han considerado que las grabaciones son uno de los pilares probatorios de la macrocausa, alegando que contaminan el proceso porque se obtuvieron de forma «subrepticia», rompiendo la cadena de custodia y contienen una «provocación delictiva».

El abogado de García Castaño, Aitor Martínez, ha señalado que se trata de charlas donde uno de los intervinientes es Villarejo, policía en activo, que las mantuvo sin que mediara orden judicial, de modo que la defensa entiende que discurren «en un marco de una clara provocación delictiva» que empujaría a los otros implicados en estas conversaciones a cometer o reconocer delitos.

Martínez se ha adelantado a la posible respuesta de la Fiscalía, aduciendo que Villarejo no puede ser considerado como un particular en lo tocante a estas conversaciones, un estatus que sí las haría válidas. A este respecto, ha sostenido que el comisario se presentaba a sus interlocutores bien como comisario bien como abogado y, en este último supuesto, el diálogo está protegido por el secreto profesional entre letrado y cliente.

Además, al igual que ya hicieran las demás defensas en las sesiones iniciales, Martínez ha esgrimido que las grabaciones incautadas en las entradas y registros de noviembre de 2017 tampoco pueden admitirse como pruebas, porque vulneraron la orden judicial que dio lugar a esta acción policial. «Lo que hizo la Policía Nacional fue arramblar con toda la información», ha denunciado, recordando que los dispositivos electrónicos no fueron precintados y estuvieron fuera del control judicial durante 17 días.

En este punto, el abogado defensor ha puesto sobre la mesa la llamada 'guerra de comisarios' al señalar la «indiscutible animadversión» entre el CNI y Villarejo, dando por hecho que la unidad policial encargada de esas inspecciones (Asuntos Internos) actuaba a las órdenes de los servicios de inteligencia española.

Al margen de la docena de cuestiones previas que ha planteado, y que han acaparado las primeras dos horas del juicio, Martínez ha querido poner de relieve que García Castaño, alias 'el Gordo', que está colaborando con la Justicia, ha hecho un depósito de 37.000 euros en la cuenta bancaria del juzgado para cubrir las eventuales responsabilidades civiles a las que pueda ser condenado en la pieza 'Iron' (espionaje a un despacho de abogados) y ello a pesar de que «no ha sido acusado por ninguna víctima», ha recalcado.

Mientras en la sala de vistas se desarrollaban las cuestiones previas, que tendrán continuidad hasta el 26 de noviembre, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional tuvo lugar el segundo punto informativo. Villarejo se paró a su llegada para comparecer ante los medios de comunicación. Afirmó que «mientras la gente se mira» en él «se olvida de que un terrorista entró con pasaporte falso y no pasó nada», en alusión al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, o de que una «furgoneta que llevaba material» de la familia Pujol fue atacada por «cuatro señores armados» que la incendiaron «como si estuviéramos en México».

«No es importante que no salga nada de mis relaciones con Santander y Telefónica. Claro, como tienen de jefe de seguridad a dos altos mandos del CNI... Yo confío en la independencia judicial y que poco a poco, si hay deseo de que haya una catarsis y de si debe haber una inteligencia civil además de la militar que nos quieren imponer con el CNI», ha continuado.

Por último, Villarejo ha sido preguntado sobre si va a solicitar la expulsión de Podemos como acusación popular del procedimiento, después de que su mujer, Gema Alcalá, instase a ello al tribunal en el inicio del juicio. «No tengo interés (...) A mi me apetece que Podemos siga inquiriendo y preguntando cosas que deben de salir a la luz», ha zanjado, antes de mencionar que «en otro tiempo trabajó» con la actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, la dirigente de Podemos Gloria Elizo, y que utilizó su despacho de abogados como un «buzón» además de pagarle «unos honorarios». «Y además eso ella lo sabe», ha sostenido.