La Constitución llegó en moto

Esa versión enmendada es ahora un libro lujosamente encuadernado en rojo, de cantos dorados y editado en papel de calidad (verjurado), que se guarda en la caja fuerte del archivo del Congreso. Lleva la firma del monarca, que rubricó la Constitución con una pluma de oro Christian Dior que entonces valía 22.500 pesetas. Es el ejemplar oficial de la ley de leyes, aunque existe otra Constitución de mayor belleza, impresa con varias tintas y caligrafiada por Luis Moreno, entonces pendolista del Ministerio de Exteriores.

Este libro tiene una historia curiosa. El original, que también está a buen recaudo en el archivo de la Cámara, sirvió al entonces príncipe Felipe para jurar la Constitución el 30 de enero de 1986, día en que cumplió la mayoría de edad.

La obra es famosa por otras anécdotas. Siguiendo la tradición, el a la sazón presidente del Senado, Alberto Fontán, encargó una Constitución manuscrita, con esos trazos ornamentales y preciosistas que hacen de la escritura todo un arte. Cuando el calígrafo la terminó, se reservaron unas casillas para que diputados y senadores estamparan su firma. Algunos, como el senador independentista Lluís Maria Xirinacs, más conocido como mosén Xirinacs por su condición de sacerdote, se negó a firmarla. «Se pasó todos los debates de pie, en huelga, porque no se utilizaba el catalán. Era partidario de los Països Catalans y presentó enmiendas de alto calado secesionista. Predicaba a la salida de la catedral de Barcelona, donde tenía un puestecillo y pedía limosna». Quien sí firmó fue José Vicente Mateo, senador del PSOE por Alicante, quien lo hizo en color rojo «para que quedara bien clara su ideología».

Un facsímil de esta Carta Magna manuscrita se halla expuesto en un gabinete conocido como Escritorio de la Constitución, junto al Salón de Conferencias del hemiciclo. Dentro de una urna de cristal se puede ver un cofre de madera y bronce que se encargó de comprar el propio Pérez-Serrano en una tienda de antigüedades del Rastro madrileño. «Lo llevé en mi propio coche. No me acuerdo de lo que costó. Lo hice a instancias del socialista Luis Gómez Llorente, un hombre entrañable, institucional como pocos y que era vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso. Él ya la había visto y me mandó adquirirla».

Las ocho constituciones españolas (de 1812, 1834, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y la actualmente vigente) se encuentran custodiadas en un receptáculo blindado del archivo del Congreso. Su número es objeto de discrepancias, ya que también existió la Carta de Bayona, de 1808, promulgada por José Bonaparte. Como es fruto de la invasión napoleónica, muchos historiadores la consideran una ley francesa.

El poder legislativo tuvo bien cuidado en la elección de la fecha en que se publicaría en el BOE. Lo normal hubiera sido que saliera el día siguiente a la firma del Rey, el 28 de diciembre, pero coincidía con los Santos Inocentes. Mal camino para que comenzara la andadura del texto legal. Por eso se imprimió el 29 de diciembre, para evitar chanzas y susceptibilidades. Se publicó, además de en castellano, en catalán, gallego, euskera, balear y valenciano. Con el tiempo, estos dos últimos no prosperaron como idiomas cooficiales del Estado. Al escritor Camilo José Cela, que veló por la corrección gramatical de la Constitución, no le agradaba desde un punto de vista estilístico. «Tiene muchos errores y es muy hortera en general, en su manera de decir», comentó.

Pérez-Serrano recuerda que cuando surgía cualquier escollo en la negociación, bastaba que Fernando Abril Martorell o Alfonso Guerra enarcaran una ceja para que ambos se dirigieran a una sala apartada para dirimir el contencioso. Ambos eran adictos al café y muy acostumbrados a las transacciones maratonianas. «Todo lo relativo al estatus de la Iglesia católica generaba controversia».