Las comunidades del PP adelantarán la matriculación del próximo curso para burlar la 'ley Celaá'

Tras repetir que el PP derogará esta «injusta» norma cuando vuelva a gobernar y que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y la Unión Europea, Casado subrayó que su partido hará «todo lo posible» dentro del marco competencial autonómico para que la «mala» 'ley Celaá' «no afecte a la libertad de las familias, la calidad educativa y la vertebración del sistema nacional de educación».

En el caso de Galicia, la única comunidad gobernada por el PP con dos lenguas cooficiales, el presidente de los populares apuntó que se mantendrá el castellano como idioma vehicular, al igual que el gallego, y se añadirá el inglés para pasar del «bilingüismo al trilingüismo cordial», informa Efe.

Casado indicó que estas cinco autonomías van a seguir «fomentando la cultura del esfuerzo y la competitividad» frente a la posibilidad introducida por la nueva ley educativa, que se está tramitando actualmente en el Senado, y que permite pasar de curso con asignaturas suspensas. El PP reprobó «el rodillo» que se ha «impuesto» en el Congreso en la tramitación de la reforma educativa, que se votará en el Senado el próximo 23 de diciembre.

Así, dijo, se hará coincidir, «de manera atropellada», con la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2021 a causa de la «exigencia del independentismo y nacionalismo para apoyarlos», aseguró en Logroño la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, en un acto de recogida de firmas contra esta reforma educativa, impulsado por NNGG, a iniciativa de la Plataforma Más Plurales. En declaraciones a los periodistas, la diputada explicó que hoy salen a la calle ante una Ley «que ataca la libertad y que no es la que los jóvenes de hoy necesitan para el futuro de la España de mañana». «Estamos aquí» -prosiguió-en contra de una Ley que «no promueve el esfuerzo y cimienta una sociedad en la que el aprobado no tiene ni un tipo de valor».

Con estas palabras, la representante del PP censuraba que la nueva norma establezca que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos a lo sumo en la enseñanza obligatoria. Tal decisión la tomará el equipo docente sobre la base de qué será más beneficios para la evolución académica del alumno. El título de bachillerato también podrá conseguirse «excepcionalmente» con un suspenso si los profesores consideran que ha alcanzado los objetivos de la etapa.

Para Cuca Gamarra, con esta Ley «se entrega el español como lengua vehicular de nuestro país», todo ello para que el nacionalismo y el independentismo avancen «en su proyecto de ruptura con España. Por todo ello, «llevaremos a cabo la defensa del proyecto alternativo y promoveremos el recurso de inconstitucionalidad que ya está anunciado y, además, nos sumaremos a las iniciativas sociales que se organicen para que la sociedad se pueda pronunciar».

La portavoz del PP alegó que el partido dará la batalla contra la iniciativa, «ya que millones de españoles piensan que esta ley no es la que necesitamos». La reforma educativa afrontará su andadura con la posibilidad de ser derrotada por la vía de los hechos. Las comunidades y ayuntamientos regidos por los populares están dispuestos a desvirtuarla mediante la aprobación de órdenes y decretos.

La norma educativa, que será la octava de la democracia, regulará la enseñanza de 8,2 millones alumnos de los niveles no universitarios. El proyecto sustituirá a la Lomce, de 2013, la ley patrocinada por el exministro José Ignacio Wert, que tampoco sumó adhesiones amplias, pues se aprobó con los únicos votos de la mayoría del PP.

La 'ley Celaá' cuenta el apoyo de la izquierda y de nacionalistas como ERC y PNV, pero el sector concertado ha tomado la calle con su revuelta naranja. Mientras, el PP ha convertido la norma en el eje de su oposición.

Para el Gobierno, los anuncios dirigidos a incumplir el ordenamiento jurídico hechos por el PP son «una especie de llamada a la desobediencia», según argumentó la ministra Isabel Celaá.