El PP mantiene su veto a Podemos para negociar la renovación del CGPJ

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ofreció el viernes al PP retirar su reforma para rebajar las mayorías necesarias para la elección de los doce vocales y recortar los poderes de un Consejo en funciones si los populares accedían a sentarse a negociar con el sistema vigente. Recordó que quien negocia es el Gobierno y sus ministros independientemente de sus siglas. Pero en las filas conservadoras insisten en sacar de la ecuación a los de Iglesias. «No vamos a asumir –dijo Casado–que el PSOE haya pactado con Podemos en el Gobierno».

El líder del PP ve a Sánchez rehén de su socio y advierte del «interés personal» que puede tener la formación morada, inmersa en varias procesos judiciales, para exigir ahora participar de las negociaciones. «Nunca habían llegado tan lejos y por eso Sánchez se pasó de frenada», remarcó Casado, muy crítico con la reforma «inconstitucional» propuesta por el PSOE y Podemos y que los conservadores han denunciado ante las instituciones comunitarias. Una intervención en Europa de la que el líder conservador se siente orgulloso, y que niega que sea, como dijo este fin de semana, la vicepresidenta Carme Calvo, hablar mal de España, sino «todo lo contrario».

Casado presentó ayer la reforma del Poder Judicial de su partido como alternativa a la que registraron la semana pasada en el Congreso los socios de coalición. En ella proponen, en línea con lo que se hace en otros países como Bélgica o Francia, volver a la fórmula que se utilizó hasta 1985 y por la que doce de los veinte vocales del gobierno de los jueces son elegidos por la judicatura sin participación del Congreso y el Senado. «Que los jueces –resumió– elijan a los jueces».

Esta reforma debería implementarse en el próximo proceso de elección, pero el PP reclama un acuerdo de despolitización previo a la modificación de la ley mediante un pacto entre partidos para no proponer como juristas a un expolítico o a nadie que haya tenido un cargo público. Los populares proponen además que todas las decisiones del Consejo se tomen por mayorías de tres quintos de los vocales, y que los parlamentos autonómicos no puedan elegir a los vocales de los tribunales superiores. Reclaman también que el Consejo emita informes sobre todas las reformas que afecten al Poder Judicial, un dictamen que evitó el Gobierno al presentar su iniciativa a través de los grupos parlamentarios que lo sustentan.

En el texto, la formación conservadora aboga por despolitizar la Fiscalía y evitar que un exministro vuelva a ser nombrado fiscal general, como en el caso de Dolores Delgado. Entre los requisitos para ocupar el cargo, el PP defiende ser un jurista de reconocido prestigio, contar con quince años de ejercicio efectivo y no haber desempeñado un cargo representativo o de confianza política «en los diez años anteriores».