Cambio radical de Fiscalía en Tsunami: de «afectar gravemente a derechos humanos» a simples «desórdenes»

El primer informe de Álvaro Redondo, fechado el pasado 26 de enero, y al que ha tenido acceso este periódico, era durísimo, no solo con Tsunami Democràtic -al que acusaba con sus «actuaciones» de haber «afectado gravemente los derechos humanos»- sino también con el propio Carles Puigdemont, al que situaba, como hace el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al frente de esta plataforma y que consideraba, por supuesto, de carácter terrorista.

«La participación del señor Puigdemont en las conductas consistentes en realizar actos que afectaron a dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, puede considerarse, al menos en este momento procesal, como ilícito penal, y concretamente como delito de terrorismo», apuntaba sin ambages el ponente en su primer texto.

Cuatro días después, el día 30 de enero, la misma jornada en Redondo se reunió con el fiscal general del Estado, su informe definitivo afirmaba taxativo que en estos momentos no hay «indicios racionales de criminalidad» contra el expresidente, que justifiquen una investigación en su contra por 'Tsunami Democràtic', al considerar que éstos (los indicios) son «demasiado abiertos», al tiempo que afirmaba que «no concurre el tipo penal de terrorismo».

En su último informe el ponente solo ve desórdenes, falsedad, coacciones y daños en la toma del aeropuerto de El Prat, en los incidentes en los alrededores de la Jefatura de Policía de Barcelona (en los que resultaron de gravedad dos policías) o en el corte de las autovías. Sin embargo, Redondo, en su primer borrador, veía en esas acciones de otoño de 2019 una grave amenaza para la seguridad nacional al frente de la cual estaba Puigdemont desde Waterloo. «De los hechos relatados resulta, claramente, que la finalidad de todas las actuaciones de Tsunami Democràtic -orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético del señor Puigdemont- no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras económicas de España», apuntaba al inicio el ponente.

En su borrador primigenio, Redondo no tenía dudas de que estos incidentes tenían como fin «obligar a los poderes públicos a negociar la autodeterminación de Cataluña», aunque todo ellos fuera «alterando gravemente la paz pública» para «exigir públicamente tal negociación claramente inconstitucional, lesionando para ello gravemente la integridad física y moral de los ciudadanos, y afectando gravemente a su libertad personal».

Al principio el ponente, que luego solo ve «desórdenes», era tajante. «Los actos llevados a cabo por Tsunami, en relación con el aeropuerto, y especialmente contra su torre de control, sin duda constituyen un delito de terrorismo, por cuanto han sido llevados a cabo afectando gravemente la libertad personal mediante encierro, con la finalidad de atentar contra la paz pública y forzar a los poderes públicos a negociar».

El lunes el propio Redondo trató de explicar este giro de 180 grados en sus argumentaciones, al tiempo que negó de forma tajante haber sido presionado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Redondo admitió en un comunicado que, efectivamente, el texto del 26 de enero es de su puño y letra, pero afirmó que se tratabade «un primer borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal». Luego de ese primer texto, según el ponente, «tras un profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos» que duró «varios días» redactó el «borrador de ponencia para la junta» en el que descartaba el delito de terrorismo.

Siempre según la versión de Redondo, solo después de redactado el texto final que se iba a enviar a la junta, el 30 de enero, el ponente acudió a una audiencia con el fiscal general del Estado en la que le «adelantó someramente el sentido del borrador de ponencia» en el que ya se pedía exonerar a Puigdemont. En esa reunión- afirma Redondo- no recibió «ninguna instrucción», «ni siquiera una mínima sugerencia», por parte de Álvaro García Ortiz. La propia Fiscalía General, en otro comunicado negó de forma categórica haber tratado de «influir» en el borrador de Redondo sobre Tsunami.