Los brotes fuerzan a las comunidades a obligar al uso de las mascarillas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recordó que la mascarilla es obligatoria y apoyó a las autonomías que pretenden endurecer las normas. «Si algunas comunidades autónomas quieren reforzar este mensaje y quieren especificar algunos casos más, no me parece mal», defendió Illa.

Por el momento, Baleares, donde están activos diez brotes, ha sido la comunidad que ha llevado más lejos el endurecimiento de las medidas. El Gobierno de las islas aprobó ayer una resolución que obligará a partir del lunes al uso de la mascarilla en espacios cerrados y abiertos, aunque exista una distancia interpersonal suficiente, y que contempla pocas excepciones: las playas, las piscinas, la práctica del deporte, el consumo de bebidas y alimentos y tocar instrumentos de viento. Pero además, la normativa balear fija una limitación de aforo de 70 personas en locales al aire libre y de 30 en interiores, y de 250 personas fuera y 150 dentro en las bodas.

«Estamos viendo cómo una situación epidemiológica controlada fácilmente, si se dan una serie de circunstancias, se puede volver una situación preocupante. Por tanto, pensamos que hemos de poner todas las medidas posibles para evitarlo porque en ello nos va proteger la salud de nuestra población y nuestra economía», afirmó ayer la asesora técnica para el desconfinamiento en el archipiélago, Marga Frontera.

La tendencia en los últimos días en el conjunto de España es negativa y varias comunidades autónomas ya han anunciado que si los datos de contagios no mejoran, instaurarán la obligatoriedad total de la mascarilla. Así lo dijo ayer el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, que aseguró que va a estar «muy pendiente» de la evolución epidemiológica de la comunidad para determinar la aprobación de medidas más restrictivas. «No me parece una idea que haya que desechar. Debe estar encima de la mesa, tal como están los acontecimientos y la evolución de la pandemia en algunas zonas de España, especialmente en Cataluña», aseveró Moreno, que tampoco descartó los confinamientos parciales de zonas especialmente afectadas por los brotes, como la provincia de Granada.

Asturias y Cantabria, comunidades que tuvieron un impacto menor que la media nacional en la primera ola de Covid-19, se plantean ahora tomar medidas para evitar que la llegada de turistas dispare el número de contagiados. Ambos gobiernos estudian decretar la obligatoriedad de las mascarillas en todas las situaciones. «Se ve cierta relajación en determinados lugares», admitió el vicepresidente de Cantabria, el socialista Pablo Zuloaga. «El objetivo es ir hacia la obligatoriedad del uso de la mascarilla y si se hace con el apercibimiento o no es una cuestión que estará por debatir», indicó, por su parte, el director general de Salud Pública de Asturias, Rafael Cofiño.

Castilla y León, que ayer limitó los aforos en instalaciones deportivas (50%) y en plazas de toros (75%), incide precisamente en las multas. «Estamos siendo laxos» en la distancia de seguridad, destacó el vicepresidente regional, Francisco Igea, y para evitar esa laxitud, propuso a los municipios y las fuerzas de seguridad a que sancionen si no se cumple con esa distancia social. Porque ésta es la cuestión: aunque el decreto de la nueva normalidad del Gobierno central estipula multas de cien euros por no usar la mascarilla cuando no se respeta la distancia interpersonal, existe en el conjunto de la sociedad la percepción de que el número de sanciones por no cumplir la normativa está siendo mínimo (el Ministerio del Interior no dispone de datos de sanciones por no llevar mascarilla).

La disparidad entre las autonomías respecto a la utilización de las mascarillas y a otras medidas para frenar los brotes es grande. La Comunidad Valenciana sostuvo ayer que no se plantea la obligatoriedad del elemento de protección facial, pero en cambio, avisó de que aplicará confinamientos quirúrgicos para aislar a poblaciones donde se haya producido un elevado número de contagios.