Boye exige que los casos de 'lawfare' entren en la ley de amnistía

Sería dar por buena la existencia de una trama política, judicial y mediática, creada para combatir el secesionismo. Sería admitir que había una causa general contra el independentismo. Esta trama buscaría apartar de la vida política a dirigentes relevantes para perjudicar al movimiento secesionista. «No dejaremos tirado a ningún soldado», afirmó Jordi Turull. Estos son los casos que el independentismo atribuye al 'lawfare'.

Es uno de los casos más controvertidos. Lo instruye el juzgado número 1 de Barcelona y lo investiga la Guardia Civil. Nace de una supuesta trama de corruptelas ligadas a Convergència, en torno a la Diputación de Barcelona, para financiar el 'procés' pero ha tenido ramificaciones muy variadas. Desde la investigación de la trama rusa del 'procés', que implicaba a Josep Alay, mano derecha de Puigdemont, caso que ya fue archivado, a un supuesto caso de corrupción por el que se investiga los negocios privados de Xavier Vendrell, exconsejero de ERC, que aparece también relacionado con Tsunami Democrático.

Uno de los más estrechos colaboradores de Puigdemont, director de la oficina que tiene como expresidente de la Generalitat, está relacionado con Tsunami Democrático, se archivó su imputación por la trama rusa, pero está investigado también por malversación y prevaricación por un viaje que realizó como observador del referéndum de Nueva Caledonia en 2018.

La expresidenta del Parlamento catalán y presidenta de Junts fue condenada a cuatro años de prisión por prevaricación y falsedad documental por un caso de corrupción, por adjudicar contratos irregulares a un amigo mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas. Su partido considera que fue víctima del 'lawfare' del Estado para apartarla como dirigente política. Se siente una política perseguida. El listado que Òmnium Cultural hizo sobre los dirigentes a amnistiar no incluía a Borràs. Su caso divide al independentismo. Su abogado, Gonzalo Boye, en el juicio, acusó a la Policía de manipular pruebas y al tribunal, de no ser imparcial.

Es otro caso que divide al independentismo. Una parte del nacionalismo acusa a la cloacas del Estado, a la Policía patriótica, de urdir una trama para perseguir a la familia Pujol para intentar hacer descarrilar el 'procés'. Eso sí, fue el propio expresidente de la Generalitat quien reconoció que mantuvo durante décadas una fortuna sin declarar en un banco de Andorra. El caso está pendiente de juicio. La Fiscalía pide nueve años de prisión para el expresidente de la Generalitat por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Es uno de los casos más controvertidos. El abogado de Puigdemont y Borràs está investigado por la Audiencia Nacional por un caso de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, del narco Sito Miñanco, que también es cliente suyo. El entorno de Junts atribuye su investigación judicial al hecho de que sea el abogado del expresidente de la Generalitat. Boye ha participado en la negociación de la ley de amnistía. En el pasado estuvo condenado por colaborar en el secuestro de un empresario a manos de ETA.

El exconsejero de Interior, Miquel Buch, fue condenado a seis años de prisión por malversación y prevaricación por haber contratado a un agente de los Mossos, Lluís Escola, como asesor del departamento para que en realidad efectuara labores de escolta de Puigdemont en Bruselas. Escolà fue condenado a cuatro años de prisión. Junqueras anunció que este caso si entraría en la ley de amnistía en la medida en que los independentistas creen que tiene relación -indirecta- con el 1-O.