El Congreso decide este viernes sobre los presos tras el rapapolvo del Supremo a Batet

La suerte de partido de tenis que se ha librado estos días entre dos de las principales instituciones del Estado deja rasguños. Fuentes del alto tribunal argumentaron este jueves que el informe reclamado el miércoles por la socialista Batet es «inconcebible jurídicamente», que la separación de poderes hace «inviable» que el tribunal pueda realizar al Parlamento cualquier tipo de asesoramiento y que la presidenta debería saberlo porque para eso tiene unos servicios jurídicos a disposición de la Cámara. En suma, existe un «indisimulado malestar», perceptible en lo escueto del escrito que Marchena remitió al Congreso. Pero el sentimiento es mutuo.

Ya la anterior Mesa, presidida por la popular Ana Pastor, que desde el martes ocupa la Vicepresidencia Tercera, consideraba, según fuentes consultadas en los últimos días, que era necesario un pronunciamiento del Supremo más allá del auto del pasado 14 de mayo al que volvió a remitirse el presidente de la sala del 'procés' en su último escrito. Esa era la posición de los letrados que, según Batet, en una larga reunión de la Mesa actual, expresaron ayer además sus «dudas» sobre qué precepto jurídico puede aplicarse en el ámbito parlamentario.

La exministra de Política Territorial, alegó que son precisamente esa dudas las que justifican que se elabore un informe jurídico concluyente. «No tengo ninguna intención de dilatar nada -esgrimió frente a los reproches de la oposición-. Mi objetivo es preservar el sistema constitucional y que las decisiones se tomen estrictamente conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica sin que en ningún caso se puedan considerar discrecionales o políticas».

Podemos defendió, en un primer momento, que se dé más tiempo a los letrados y que la Mesa no vuelva a reunirse hasta la semana próxima, pasadas las elecciones europeas, autonómicas y municipales de este domingo. Pero, aunque para algunos socialistas esa opción sería políticamente más conveniente porque creen que evitaría que los secesionistas intenten sacar réditos electorales de la suspensión, los representantes del PSOE en el órgano rector de la Cámara optaron por no esperar para no dar tampoco argumentos al PP y Ciudadanos, que ya hablan de «complicidad» de Pedro Sánchez con los partidos independentistas.

Ana Pastor argumentó que es «evidente» que hay que aplicar tanto el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal como el 21 del Reglamento del Congreso y afeó a Batet que se dirigiera por su cuenta y riesgo al Tribunal Supremo sin haberlo consultado previamente a la Mesa. Pero el secretario general de su partido, Teodoro García Egea, fue aún más duro, habló de «actitud prevaricadora» y amenzó con «reprobar» a la presidenta socialista, una posibilidad que, por otro lado, no contempla el Reglamento del Congreso.

La propia Batet advirtió, al hilo de la petición del PP para que se revisen las fómulas de juramento de la Constitución empleadas por los secesionistas en la sesión constitutiva de las Cortes, que «no procede nunca la revisión» de las decisiones adoptadas por la presidencia. Es decir, dejó claro que no dará marcha atrás en la validación de todas las juras o promesas realizadas.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, también reprochó que no se haya suspendido ya, sin más dilación, a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y amenazó con pedir hoy la dimisión. Llegó a afirmar que pedir un informe a los letrados «no sólo es inadecuado sino que imterfiere en el proceso judicial». «Cada minuto que pasa seguimos pagando con el dinero de los españoles a los golpistas», adujo.