La Audiencia avala ampliar la investigación al novio de Ayuso por corrupción y administración desleal

Los magistrados, que desestiman el recurso de apelación interpuesto por la pareja de la presidenta de Madrid y otros imputados contra la decisión del juzgado de Instrucción 19 de Madrid de incoar la pieza separada, dan luz verde a la ampliación de las pesquisas porque, subrayan, existe una «documentación notarial y tributaria» que apunta la posibilidad de que se hayan cometido efectivamente esos nuevos delitos, por lo que abortar esa línea investigación, como pretende el novio de Ayuso, sería «prematuro». Insiste la Audiencia Provincial en que en el presente «momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal». «Las operaciones económicas y jurídicas realizadas –continúan los jueces- podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta».

El imputado, que el pasado febrero se negó a ser interrogado hasta conocer el fallo de la audiencia, pidió este mismo lunes declarar de forma voluntaria al tiempo que reclamó el archivo de la causa principal por fraude al considerar que los nuevos cargos por corrupción, son incompatibles con los de la defraudación.

El pasado octubre la jueza Iglesias admitió de forma parcial un recurso de las acusaciones populares y abrió esta pieza separada a la causa principal, que es en la que se ha imputado a González Amador por dos delitos de defraudación tributaria por valor de más de 350.000 euros, relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. La magistrada abrió este apéndice basándose en un informe de la Agencia Tributaria, donde se sitúa a la mercantil Masterman S.L. como una empresa pantalla utilizada presuntamente por la mercantil Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, «para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L», su pagador.

La acusaciones defendieron que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención», Fernando Camino.

La jueza indaga ahora si, tal y como sostienen esas acusaciones, ese dinero podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS e Inteconn, ya que como resultado de esas operaciones Maxwell facturó a ambas mercantiles 2.021.900 euros en 2020».

La magistrada mencionó en su momento que el informe de la Agencia Tributaria llevó a la conclusión de que Masterman «se trata de una sociedad instrumental constituida y utilizada por la mercantil Maxwell Cremona S.L. para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L, simulando que es aquella la prestadora de los servicios, cuando se acredita que no cuenta con los medios personales y materiales adecuados para tal fin».

«Se aprecia una clara intencionalidad de trasladar parte de los ingresos de Maxwell Cremona procedente de Quirón Prevención a Alberto González Amador, utilizando para ello como sociedad intermediaria a Masterman, es decir, que el 15 de diciembre de 2021 Maxwell Cremona cede parte del contrato de prestación de servicios a Masterman, para al día siguiente transmitir la totalidad de las participaciones de esta empresa a González Amador, consiguiendo de este modo que parte de los fondos procedentes de Quirón Prevención acaben en manos del empresario», explicaba la resolución.

Según consta en las resoluciones de Iglesias, en el informe de la inspección se indica que la crisis sanitaria surgida a partir de 2020 supuso «una oportunidad de negocio para Maxwell Cremona, que dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad, a pesar de lo cual no se produjo un incremento de su tributación por el impuesto de sociedades, consecuencia de diversos comportamientos fraudulentos como lo son la deducción de gastos improcedentes con origen en la factura que se reputan falsas o falseadas».