La propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu para abrir un debate sobre el modelo de Estado pone sobre la mesa el famoso 'melón territorial', una asignatura pendiente desde el inicio de la Transición, sobre todo de los partidos nacionalistas, vascos y catalanes. La negociación de la ... investidura de Pedro Sánchez va a poner el foco en esta demanda, convertida en los últimos años en un arma arrojadiza entre la izquierda y la derecha. El 'procés' soberanista de Cataluña, desfondado por el debilitamiento del independentismo y la firmeza del Estado, se ha convertido en una oportunidad para hacer de la necesidad virtud y para los impulsores de esta reflexión. Negar la oportunidad de la discusión y aferrarse al inmovilismo alimenta siempre a los sectores más extremistas, que crecen con frecuencia en el abonado campo del resentimiento y del choque de trenes entre las identidades. Lo ocurrido en Cataluña -un desbordamiento unilateral de la legalidad constitucional y estatutaria- es un ejemplo elocuente de una espiral de errores históricos y despropósitos que no deberían repetirse nunca más.
La discusión que propone Urkullu dibuja, en el fondo, una estructura de índole confederal de esa España plurinacional, que se ha convertido en un mantra semántico, en una especie de talismán que tiene el poder de eclipsar la complejidad del concepto. La fórmula autonómica, que se sustenta en la Constitución, ha funcionado con razonable éxito en los últimos 40 años, con sus tensiones y ambigüedades. El modelo confederal se sustenta en la división pactada de la soberanía nacional que consagra la Carta Magna y ofrece una estructura diferente a la planta federal a la que aspira, por ejemplo, el PSOE, como perfeccionamiento del Estado autonómico, que parte de asumir la realidad plural y diversa de nacionalidades y regiones.
Un nuevo modelo iría más allá de una 'reinterpretación' flexible de la Constitución que propone Urkullu sobre la base de la actual Disposición Adicional Primera, que ampara y reconoce los derechos históricos de los territorios forales (País Vasco y Navarra) y su actualización en el texto constitucional. Basta recordar los encendidos debates en la ponencia constitucional sobre lo que suponía esa 'actualización' para comprender que no se trata sólo de una mutación terminológica. El calado es sensiblemente mayor. Por eso se abstuvo el PNV en el referéndum del 78.
Hay que recalcar la importancia que para alumbrar aquella Constitución tuvieron las renuncias mutuas. La polarización política actual no invita precisamente a entender que es factible ese ejercicio de síntesis y de mutua transacción sin generar dos velocidades en el modelo. El nacionalismo siempre ha ubicado su demanda en una cultura de reclamación e insatisfacción permanente hacia el Estado, sin un compromiso de lealtad constitucional. Ha primado el espíritu de fortalecimiento de sus respectivas identidades, pero sin abordar la otra cara de la moneda. No solo se generan derechos sino también obligaciones a la hora de promover un nuevo diseño territorial. Sin ese mecanismo de ida y vuelta cualquier ejercicio de cintura puede interpretarse como una huida hacia adelante sin suficiente base sólida para que cristalice.
Ese compromiso atañe también a la derecha, empeñada en ver solo la unidad de España como fruto de su mirada constitucional unívoca, uniformizadora y poco respetuosa con la naturaleza plural del Estado. Los cambios políticos de calado, y este lo es, tienen que venir precedidos por amplios y profundos consensos sociales, frutos de mayorías muy amplias. Es regla de oro de una democracia madura que encuentra sus cauces para buscar salidas a sus problemas desde la civilidad, el respeto a las instituciones y un sentido de la mesura y del equilibrio que evite los agravios entre comunidades. En ese sentido, puede que sea necesario y saludable abrir el debate del modelo, pero para cerrarlo con éxito resulta imprescindible huir de los apremios de la coyuntura más inmediata y recuperar el espíritu de pacto de la Transición. Solo con una mirada renovada se podrá abordar con garantías y sin desigualdades la búsqueda de salidas al viejo pleito territorial.
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