«Me acusaron por error de pornografía infantil y me han arruinado la vida»

La «pesadilla» de Josu, vecino de una localidad costera de Vizcaya, empezó el mismo día en que su mujer, embarazada de 6 meses, iba a hacerse unas ecografías en 3D. Su novia -hoy en día esposa- estaba sufriendo un embarazo de alto riesgo y las últimas semanas estaban siendo especialmente estresantes. Alguien llamó a su puerta. Josu estaba en ese momento en la cama. Eran varios agentes de la Policía Nacional. Le dijeron que estaba acusado de formar parte de una red mundial que compartía y distribuía pornografía infantil en la red oscura de internet y que debían registrar su piso.

Josu pensó que todo eso era una cámara oculta. Tiene un amigo bromista y creía que podía ser cosa suya. Pero no tardó en comprender que aquello iba en serio. Interrogaron a su mujer, que les dijo que Josu no hacía nada raro, que todo su tiempo libre lo pasaba con ella. Registraron todo el piso y «no encontraron nada sospechoso». Un agente llamó a sus superiores. «Les dijo que allí no había ni montañas de cedes ni discos duros, que parecíamos una familia normal. Su mando le dijo que no importaba, que tenía que llevarse todo para ser analizado. Y yo me fui detenido», recuerda Josu.

La detención de este vizcaíno se produjo a raíz de una operación mundial del FBI estadounidense, con decenas de detenidos, contra la pornografía infantil en la denominada red TOR. Se trata de un espacio en internet que, en principio, permite a sus usuarios navegar con la aparente seguridad de que sus identidades digitales no van a ser reveladas. Los servicios de seguridad americanos, sin embargo, han demostrado que tienen capacidad para penetrar en lo que se denomina como la red profunda. Aunque en ocasiones también cometen errores o las informaciones que les proporcionan las compañías telefónicas tampoco son fidedignas.

César Bernales, de Legalkide, es el abogado de Josu. El letrado considera que el error del FBI -o de la compañía telefónica- pudo llegar por un simple «baile» en uno de los números de la IP, que es una especie de identificación de los dispositivos que se conectan a internet. Pero el problema para Josu es que, en su caso, la cadena de errores sólo acababa de empezar.

Pasadas unas semanas, el vizcaíno empezó a tranquilizarse. Él sabía que no tenía nada en el ordenador. Su perfil no se correspondía en nada al prototipo de individuo que comparte material pedófilo en internet. «Su nivel informático era tan básico que tenía una carpeta en su escritorio en el que tenía guardados sus números de cuenta y sus contraseñas», explica su letrado.

Su investigación, de hecho, llegó a archivarse provisionalmente. Pero año y medio después llegó el «mazazo», cuando le comunicaron que la Policía había terminado el análisis de su ordenador y le dijeron que habían descubierto decenas de fotografías de pornografía infantil. A Josu se le vino «el mundo encima». El juzgado que instruía su caso quería llevarle a juicio. Él insistía en que era inocente, que todo era un error. Recurrió a la Audiencia y, gracias al apoyo económico de su padre, consiguió contratar a un perito informático externo, que le costó 14.000 euros. «Tampoco esto fue fácil, porque no hay muchos que quieran meterse en asuntos tan delicados», explica Bernales. Este técnico les advirtió de que tenían dos opciones: o tratar de desmontar el informe de la Policía o realizar un nuevo análisis del disco duro. En este último caso -les advirtió- era muy probable que encontrase más material del que había hallado la Policía y él se vería en la obligación de reflejarlo en el documento. «Pensaba que igual le estábamos pagando por destrozarnos la vida», subrayan.

El informe, de 70 páginas, llegó al cabo de tres meses. La conclusión era rotunda: en ese ordenador no había nada delictivo. El abogado de Josu lo aportó en el juzgado. «Pero la magistrada y la Fiscalía seguían dispuestos a abrir juicio oral», relata Bernales. Pedían para él más de dos años de prisión.

Fue entonces cuando la Audiencia volvió a estimar su recurso y se pidió un informe imparcial a la Ertzaintza. Los técnicos de la Policía vasca corroboraron al cabo de un tiempo que en el ordenador de Josu no había nada. Como él siempre había sostenido. Casí cuatro años después de que le detuviesen en su casa, el juzgado de Getxo decretó hace apenas unas semanas el sobreseimiento libre de este vizcaíno. Entonces, ¿cómo es posible que la Policía dictaminase que Josu compartía pornografía infantil con su ordenador? Los afectados señalan que, simplemente, el técnico confundió los ordenadores de los acusados. Lo que supone, entre otras cosas, que el verdadero propietario del disco duro en el que se hallaron las fotografías no ha podido ser imputado.

A Josu todo esto le importa ya bastante poco. A él, más que la confusión, lo que le remueve por dentro es la «falta de empatía y de interés» de las instancias judiciales, que querían llevarle a juicio «incluso después de que hubiese presentado el primer informe pericial». También se indigna recordando cuando acudió al mostrador de los juzgados a recoger una citación y una funcionaria empezó a referirse a él en voz alta, delante del resto de personas que estaban allí, como el imputado en el «tema de la pornografía infantil».

Ahora, Josu sólo quiere recuperar el tiempo que ha perdido y que se limpie su nombre de los ficheros policiales, aunque no oculta la rabia que brota de su interior. «Todo esto pasa factura. Nadie sabe lo que hemos llorado en mi casa. Nunca olvidaré la cara desencajada de mi madre cuando me detuvieron. He estado años sin vivir. No era yo. No me atrevía ni a ir con mi hijo al parque. No podía ni hacerle fotos. No le daba besos en público. Me sentía observado. Y siento que he perdido unos años preciosos de mi familia», explica.

El padre de Josu asiente a su lado con gesto serio.

- ¿Usted nunca dudó de la inocencia de su hijo?

- A los que comparten esas fotos les cortaría sus partes. Y a los que hacen eso... Conozco a mi hijo y nunca ha sido uno de esos. Nadie nos ha pedido disculpas.