El acuerdo de Vox a las cuentas se traduce en 2,1 millones y gran carga ideológica

Los consejeros de Hacienda, Juan Bravo (PP) y Economía, Rogelio Velasco (independiente, pero por la cuota de Cs) fueron los encargados de ratificar el acuerdo con los diputados de Vox. Los tres en igualdad de condiciones, pese a que en los momentos iniciales fueran los populares quienes se encargaron de negociar con unos y otros por los reparos de la formación naranja a acercarse a los de Santiago Abascal. Los miembros del ejecutivo negaron que sean unos presupuestos ideológicos y, al contrario, pusieron el acento en la «estabilidad política y económica» que supone el apoyo de Vox a las cuentas, lo que permite traducirse, apuntan, en creación de empleo.

Sin embargo, el documento denominado «acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria que refleje el gobierno del cambio en Andalucía», está plagado de referencias al marco ideológico que Vox ha tratado de imponer en la agenda política. Así, se recorta en 600.000 euros de la partida destinada a «asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes», un dinero que se empleará específicamente para mejorar las infraestructuras judiciales.

En materia de Igualdad, el acuerdo no solo acepta sustituir el concepto de «transversalidad de género» por «igualdad de trato y oportunidades de hombres y mujeres», sino que además impone un servicio específico de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, término con el que Vox niega la violencia machista. «La violencia no tiene género», justificó el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, asegurando que «es una forma de explorar nuevos caminos en un asunto que hasta la fecha no da los resultados que se han perseguido». Y como ejemplo de posibles usuarios, señaló a «los hijos de una madre alcohólica o a la madre que sea extorsionada por sus hijos drogadictos».

Desde el Ejecutivo andaluz se esforzaron en poner el acento en que es un servicio que «amplia» los ya existentes para las mujeres víctimas de violencia machista, porque «tenemos la obligación y responsabilidad de seguir defendiendo a cualquier persona que sufre violencia».

Asimismo, el documento acepta la tesis de los «chiringuitos» memorialistas, instituciones que sirven para propagar ideología en este caso sobre Memoria Histórica. Por eso, las asociaciones tendrán dinero para buscar fosas, pero no podrán mantenerse con esas ayudas. De la misma manera, se apunta la posibilidad de asumir despidos en los «chiringuitos» de la Junta, la denominada por ellos «administración paralela» donde según Vox el PSOE colocó a cargos afines sin preparación. La política lingüística en Catalunya y Valencia también se cuelan en los presupuestos andaluces, ya que habrá una partida de 100.000 euros para apoyo a las asociaciones de andaluces emigrados «en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística».