Libres e Iguales denuncia por desobediencia a Forcadell ante la Fiscalía

La plataforma Libres e Iguales ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, por su "reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional".

Según informa en un comunicado la entidad defensora de la Constitución española y frente al movimiento independentista catalán, la denuncia podrá extenderse, eventualmente, contra los restantes miembros de la mesa parlamentaria y del gobierno de Carles Puigdemont.

La plataforma sostiene que Forcadell "ha permitido el avance del proceso de ruptura" que se inició con la resolución independentista que aprobó el Parlament catalán el 9 de noviembre de 2015 y que fue anulada por el Constitucional un mes después. "En abierto desafío a los mandatos expresos -y personalizados- del Tribunal Constitucional, ha autorizado la creación y desarrollo de una Comisión de Estudio del Proceso Constituyente y el debate y aprobación de sus conclusiones antidemocráticas", dice respecto de Forcadell.

Para Libres e Iguales, la presidenta de la cámara autonómica también ha facilitado el avance en la tramitación de las tres leyes previstas en la declaración anulada por el Constitucional: las llamadas leyes de Transitoriedad Jurídica, Seguridad Social y Hacienda propia. Esta es, para la plataforma, una "insólita y desleal conducta institucional", de manera que Forcadell ha desobedecido al tribunal "de manera exhibicionista" y haciendo "ostentación del desprecio que les merecen" sus resoluciones.

En la denuncia, presentada por la exdiputada del PP e integrante del patronato de FAES, Cayetana Álvarez de Toledo, la asociación considera a Forcadell responsable de un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial. Añade que, si las investigaciones de la Fiscalía pusieran de manifiesto una gestión desleal de los fondos públicos confiados por ley al Parlament de Cataluña, también lo sería de un delito de malversación de caudales públicos, ya que se habría destinado el dinero a "actividades prohibidas por el TC y, por tanto, antijurídicas".

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