Las reválidas de Wert para este curso y el siguiente, en el aire

El Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición de ley que busca paralizar el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como 'ley Wert'. La medida, impulsada por el PSOE, simbolizó el rechazo de casi todo el arco parlamentario a esta norma, pero tiene pocas opciones de lograr el efecto que busca. Su objetivo, evitar que se celebren las pruebas de evaluación externa de fin de ciclo -reválidas- que comienzan este curso en Primaria, exige que se cumplan muchas condiciones que a día de hoy no son hipótesis. Entre otras, que se forme un Gobierno y que se convierta en ley antes de septiembre.

Solo el PP y el FAC votaron contra esta proposición de ley, que conmina a un futuro Gobierno -surgido de esta legislatura- a impulsar una norma que frene las partes de la Lomce que aún no han entrado en aplicación. En resumen, la evaluación externa de 6º de Primaria -prevista para mayo-, el nuevo currículum de 2º de Bachillerato y las reválidas de los ciclos superiores -previstas para el curso que viene-.

Otros grupos como UPN y Ciudadanos, también opuestos a esta ley, se abstuvieron. La mayoría de la Cámara, sin embargo, apoyó la proposición de ley aunque muchos portavoces la consideraron insuficiente. Grupos como Podemos, IU, PNV o Compromís reclamaron un paso adicional y pidieron derogar la Lomce en cumplimiento del pacto que firmó buena parte de la oposición -incluido el PSOE- durante la pasada legislatura.

«Este es un primer paso para su derogación y para conseguir un gran pacto social y político sobre el mejor futuro para la educación en España», afirmó Rafael Simancas, portavoz de Educación del grupo parlamentario socialista y responsable de la proposición. «El grupo parlamentario socialista no pide la paralización de esta ley porque es del PP, sino porque su implantación provoca incertidumbres, confusión y graves perjuicios a los centros educativos, los docentes, las familias y los alumnos». Todos los grupos, incluido el PP -que aprobó la Lomce en solitario cuando aún tenía mayoría absoluta- llamaron a lograr un pacto que cuente con la mayoría de grupos y permita dar estabilidad al sistema educativo español. Aun así, la portavoz popular recriminó al PSOE que con esta proposición de ley devuelve la educación al centro del debate político y vuelve casi imposible ese acuerdo general.

«Hasta ahora, la educación española se ha reformado siete veces desde la llegada de la democracia», afirmó Toni Roldán, portavoz de Economía del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. «Y ninguna ha estado en vigor más de seis años, ni ha contado con el respaldo de los principales partidos».

Controversia

Las evaluaciones externas -reválidas- han causado gran controversia. Mientras que desde el PP defienden que sirven para identificar alumnos y centros con dificultades para poder ayudarlos, los que se oponen creen que servirán para estigmatizar a las escuelas con alumnos de origen más humilde.

Que la proposición de ley llegue a alguna parte, reconoció Simancas antes del debate, depende sobre todo de que Pedro Sánchez logre formar un Gobierno antes del día 2 de mayo. «Si se disuelven las cortes, la proposición decaerá porque no habrá dado tiempo a discutirla, pero nosotros no trabajamos con ese escenario», afirmó. Pero, incluso si se formase un Ejecutivo pronto, es difícil que se formalice una ley que paralice la Lomce por mera cuestión de plazos. El próximo curso comienza en cinco meses, un plazo mínimo para elaborar una ley que debe discutirse en el Congreso, pasar al Senado -donde el PP conserva mayoría absoluta- y regresar a la Cámara baja antes de aprobarse.