El Gobierno crea una oficina para que «ningún delincuente disfrute de lo robado»

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para crear la nueva Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que permitirá la "localización y recuperación de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas" y, especialmente, las derivadas de la corrupción. Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la oficina efectuará asesoramiento técnico a los juzgados y fiscalías que lo soliciten en materia de ejecución de embargos y decomisos, con el objetivo de buscar una gestión más eficiente y su ulterior adjudicación para satisfacer las indemnizaciones de las víctimas del delito, poniendo el sobrante al servicio del Estado para proyectos sociales y lucha contra la criminalidad

La oficina, creada a través de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ubicada en las dependencias del Ministerio de Justicia, ha sido inagurada hoy por el presidente del Gobierno, que ha confiado en su utilidad para que "ningún delincuente pueda disfrutar de lo que ha robado" y el producto del delito pueda ser dedicado a fines sociales, principalmente la atención a las víctimas.

En este sentido, las cantidades obtenidas en estos decomisos serán destinadas a las oficinas de asistencia a las víctimas, a las Comunidades Autónomas para mejorar la atención de los afectados, a las ONG de asistencia, a la Agencia Tributaria, las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía, los institutos médicos y de toxicología y los organismos internacionales.

Rajoy ha explicado que la medida busca "revertir el producto del delito" y "reparar el daño" causado a las víctimas, gracias a una mejor gestión de los activos decomisados a organizaciones criminales y condenados por delitos de corrupción, para obtener un mejor rendimiento de estos bienes. De esta manera, se evita que los delincuentes puedan disfrutar del patrimonio obtenido y del resultado de los delitos cometidos, mejorando la incautación y localización de bienes y la disminución de los costes de gestión y los generados por el almacenamiento de bienes decomisados, además de descongestionar juzgados y tribunales.