Más de 12.000 inmigrantes irregulares entraron a España el pasado año

Ceuta y Melilla se afianzan como punto de entrada de la inmigración clandestina a España, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente del Defensor del Pueblo. Este organismo revela que el 12.549 las personas que entraron de manera clandestina a España el año pasado. De ellas, 7.485 entraron por las ciudades autónomas (1.666 a Ceuta y 5.819 a Melilla). Le siguen 4.613 personas que llegaron a territorio nacional a través de la Península, 427 a Canarias y un total de 24, a las Islas Baleares.

El MNP, no obstante, subraya que, aunque Ceuta y Melilla, son los principales puntos de entrada, los famosos episodios de los asaltos masivos al vallado no son el mecanismo mayoritario para arribar a territorio nacional. De los 5.819 irregulares que entraron a Melilla, solo 574 lo hicieron forzando el perímetro fronterizo. Muchos más fueron los que entraron en España con papeles falsificados, 2.861, o en vehículos, 2.069. Aun menos significativo es el caso de Ceuta, donde solo 201 personas llegaron saltando la triple valla.

El informe del Defensor del Pueblo, presentado hoy al Congreso por su titular, Soledad Becerril, incide también en el importante volumen de repatriaciones aéreas de 'sin papeles' llevadas a cabo por el Ministerio del Interior, solo o en colaboración con la agencia europea Frontex. El departamento que dirige Jorge Fernández fletó el pasado año 134 para deportar a 3.373 inmigrantes. 80 aviones tuvieron como destino Ceuta para repatriar a 1.555 clandestinos a Marruecos y 19 a Melilla.

Un total de 18 aviones tuvieron con destino tercero países (Malí, Senegal, Nigeria, Colombia y Ecuador), donde fueron devueltas 698 personas.

El barco también fue usado de forma masiva por Interior para la devolución de extranjeros indocumentados. 70 navíos deportaron a Argelia a 801 personas.

Durante todo el año pasado, la Administración española deportó a 11.817 extranjeros, a través de las dos principales fórmulas legales: la expulsión directa a un tercer país (7.696 personas) o la devolución en frontera (4.121 inmigrantes).