Mateo Balín
Jueves, 12 de febrero 2015, 13:17
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado su competencia para investigar al presidente de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, por un delito de prevaricación presuntamente cometido en la contratación de un abogado y pagarle 357.000 euros del erario público, al margen de los mecanismo reglamentarios.
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En su auto, la sala decide, de acuerdo con el criterio del fiscal, abrir un procedimiento contra el senador del PP y designa instructor al magistrado Francisco Monterde Ferrer. La sala también resuelve que el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla continúe con la investigación que afecta a los no aforados.
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