La Audiencia de Palma decidirá si lleva a juicio al número 2 de Barberá por el 'caso Nóos'

El juez José Castro ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PSPV contra el sobreseimiento de la causa en relación al vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia, Alfonso Grau. Esta resolución deja en manos de la Audiencia Provincial de Palma la decisión de si sienta o no en el banquillo al número 2 de Rita Barberá. El juez sí que admite el recurso de los socialistas valencianos al entender que el auto de apertura de juicio oral sí que es apelable por las acusaciones y no por los imputados (como es el caso de la infanta Cristina).

Castro el pasado 22 de diciembre decidió no incluir su nombre en el escrito de apertura de juicio oral, al entender, en contra del criterio de la Audiencia Provincial, que el número dos de la alcaldesa Rita Barberá no tuvo responsabilidad alguna en la adjudicación de los Valencia Summits al Instituto Nóos.

Grau era el presidente de la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FTVCB) cuando este organismo, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), adjudicó a dedo y sin concurso público al instituto que presidía Iñaki Urdangarin la organización de esos eventos deportivos-empresariales entre 2004 y 2005 por un valor de 3,1 millones de euros.

Dos acusaciones señalaban al vicealcalde. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia pedía que Grau fuera condenado a once años de prisión por fraude a la administración y por malversación continuada en concurso con prevaricación y con tráfico de influencias. Por su parte, Manos Limpias, que reclamaba también once años de cárcel por los mismos delitos y otro más de falsedad en documento por parte de funcionario público.

La defensa de Grau desde el principio pidió el archivo de las actuaciones contra él. Alegó que nunca intervino en la adjudicación a Nóos y que, en cualquier caso, los socialistas y Manos Limpias no estaban legitimados para acusarle si no lo hacía la Fiscalía ni la Abogacía del Estado (la 'doctrina Botín', de nuevo).