El delito que supone negarse ante un control de alcohol y drogas

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es una conducta peligrosa. Incluso si el médico nos ha recetado algún fármaco tenemos que prestar atención a sus posibles efectos secundarios para saber si tras tomar una medicina estamos en condiciones de ponernos al volante. Si un control de tráfico nos somete a una prueba de drogas y da positivo, podemos tener que hacer frente a una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir.

De hecho, el alcohol y las otras drogas no solo están relacionados con una mayor accidentalidad, sino que también suponen una mayor mortalidad y lesiones más severas.

Concretamente, el capítulo IV del Título XVII del Código Penal tipifica los delitos contra la seguridad del tráfico y establece una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Es más, antes de comenzar la prueba, el agente informará al conductor de la obligación de someterse a dicha prueba. Negarse es delito (pena de prisión de 6 meses a 1 año, y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años), tal y como detallan desde la Dirección General de Tráfico (DGT) y nos indican el paso a paso. Generalmente, primero se realiza una prueba de alcohol. A continuación, se toma una muestra de saliva con unos dispositivos especiales. A esta toma se le llama «indiciaria» y su objetivo es detectar la posible presencia por consumo reciente de sustancias ilegales.

Y si el test da positivo en algún tipo de sustancia, se toma una segunda muestra de saliva, que se envía directamente a un laboratorio para su análisis y confirmación del positivo. El conductor no podrá volver a ponerse al volante de su coche.

El conductor también puede solicitar que se le realice un análisis de sangre como prueba de contraste. La extracción será realizada por personal sanitario en un centro hospitalario o de salud. Si es positivo, el solicitante deberá pagar los gastos.

Finalmente, los resultados del laboratorio toxicológico se unen al informe del agente de la Guardia Civil y se inicia el correspondiente expediente, bien en vía administrativa (la sanción es de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos), bien en vía judicial (penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años).