DGT: La sentencia judicial que aclara si se puede sancionar a un conductor por tener su coche estacionado sin pasar la ITV

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impuesto en los dos últimos años más de un millón de multas por no pasar la ITV. Eso se traduce en unos 200 millones de euros. Sin embargo, no todas esas sanciones eran correctas. Así lo denuncia Automovilistas Europeos Asociados (AEA) tras una reciente sentencia judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid que tras el recurso interpuesto por la AEA ha anulado una multa de 200 euros impuesta por no pasar la ITV a un vehículo que se encontraba estacionado, al considerar que «el ilícito a sancionar está constituido por el hecho de circular, no por el incumplimiento de someter el vehículo a la ITV de forma periódica».

El caso, resuelto a favor del conductor sancionado, se inició por la denuncia de la Policía Municipal de Madrid a un vehículo estacionado en una calle de la capital por «no haberse sometido a la inspección técnica periódica establecida reglamentariamente».

Dado que las infracciones relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y al seguro obligatorio están excluidas de la competencia municipal, la sanción la impuso el Jefe provincial de Tráfico de Madrid después de rechazar las alegaciones planteadas por el interesado, que decidió poner el asunto en manos de AEA para plantear un recurso judicial.

En la demanda, los abogados de AEA argumentaron que en la vigente Ley de Seguridad Vial no está tipificado como infracción el hecho de no someter un coche a la ITV en el plazo debido, sino circular sin ella, circunstancia que no se daba en esta ocasión ya que el vehículo se encontraba estacionado. En consecuencia, no podía imponerse ninguna sanción por este motivo porque, en caso contrario, se «infringiría el principio de legalidad y tipicidad al no existir una norma con rango de ley que sancionara la conducta descrita, puesto que la ley recoge el término circular «.

De esta forma, la resolución judicial, contra la que no cabe recurso, recoge las tesis de los letrados de AEA y rechaza las defendidas por la Abogacía del Estado. Por ello, la sentencia concluye que «procede la estimación del recurso declarando la nulidad de la resolución administrativa recurrida conforme al artículo 47.1 a) de la LPAC (Ley de Procedimiento Administrativo Común) por infracción del principio de tipicidad».

AEA destaca que esta resolución judicial constituye un importante precedente jurídico y va a permitir determinar con claridad qué hechos pueden ser o no sancionados en relación con la inspección técnica de vehículos.

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, «está sentencia recoge de forma admirable la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el principio de reserva legal en materia de derecho administrativo sancionador y recuerda que ninguna administración puede utilizar la analogía para sancionar hechos que no están expresamente contemplados en la ley. Algo que, desgraciadamente, ocurre con demasiada frecuencia en las multas que imponen los ayuntamientos y la DGT».

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