Sube el IBI y Impuesto de Actividades Económicas para las grandes empresas

«En cuanto al IBI, se ha propuesto un tipo especial del 1 por ciento para los bienes inmuebles con uso de ocio y hostelería que se encuentran por encima del umbral del valor catastral de los 377.000 euros, principalmente, grandes hoteles», como adelantó este periódico la semana pasada. Respecto al Impuesto de Actividades económicas, Romero explicó que la modificación repercutirá de media en 150 euros más para las empresas que generen más de 1 millón de ingresos anualmente. Asimismo, también se ha actualizado el valor que, según la ley, deben satisfacer las aseguradoras al Ayuntamiento para financiar el Servicio de Extinción de Incendios, «con unos cálculos previstos de 531.000 euros, que representan el 90 por ciento de la inversión que desarrollará este cuerpo en 2025», ha desgranado Romero.

La portavoz socialista Isabel Pérez consideró que estas actualizaciones son «un nuevo sablazo» a los ciudadanos y denunció que se incrementará la presión fiscal a los vecinos mientras se financian obras que son competencia de la Junta de Andalucía, en referencia al centro de salud de Ricardo Soriano. Pérez atribuyó estas medidas a la «nefasta gestión económica que está realizando la alcaldesa, que está teniendo consecuencias muy duras para la ciudadanía con las constantes subidas de impuestos» y la pérdida de bonificaciones fiscales. Además, señaló que se ha disparado la solicitud de créditos y el recurso, una vez más, del Fondo de Ordenación Estatal.

Según el portavoz del gobierno municipal, Marbella deberá tener una provisión de fondos para afrontar las penas económicas de al menos 23 millones y otros 6 por intereses por los juicios inconclusos de la época gilista. Esta cuestión se debatió en un segundo Pleno extraordinario. «Por este concepto se ha reclamado al Ayuntamiento hasta la fecha una cifra de 200 millones, que hemos recurrido, obteniendo en algunos casos respuestas favorables y en otros no. El Consistorio ya ha tenido que hacer frente a 50 millones. «De ahí que recurramos a este recurso del Estado para continuar garantizando los servicios y las inversiones», ha justificado Romero durante su última intervención.