La Policía acordona el Hotel Guadalpín Banús e impide el acceso a algunos trabajadores

A las 5 de la mañana llegaban al hotel Gudalpín Banús los agentes de la Policía Nacional para acordonar la zona previa al lanzamiento de parte de las instalaciones previsto para hoy a las 10 horas. «Los empleados de esas zonas comunes que quieren cerrar no han podido acceder a sus puestos de trabajo. No podíamos imaginarnos esto. Los clientes están asustados porque les están identificando», asegura a este periódico la presidenta del comité de empresa Jackeline Largacha.

Los abogados de todas las partes han estado negociando hasta última hora de ayer para evitar esta acción que, tal y como apuntan desde la empresa explotadora del hotel, «pone en riesgo tanto los 180 puestos de trabajo como la temporada alta».

El hotel tiene en una división horizontal del edificio que cuenta con la explotación de la empresa Grisoma desde que entraran en concurso de acreedores sus anteriores propietarios. En este sentido, actualmente existen varios inversores y el conflicto ha saltado por dos de ellos que ha hecho, según apuntan fuentes cercanas al caso, «que salte esta situación».

Tal y como apuntan desde dicha entidad «estos propietarios reclaman la expropiación de diferentes dependencias del alojamiento» a lo que añaden que «nos tememos que vayan a destinarlo a uso no hotelero, cosa que no pueden hacer porque la explotación es 100 por 100 nuestra».

Entrega

«Nosotros teníamos previsto haber entregado todo a la hora que teníamos que entregarlo. Pacíficamente, ordenadamente, manifestando, nuestras quejas, tratando de entregar solamente su parte y ocupando seguidamente la explotación de la misma porque nos pertenece. Pero nos hemos encontrado esta situación desagradable esta madrugada», apuntan desde Grisoma que redundan en que «tenemos el título para ocupar todo y por ley del turismo, esto no se podría hacer porque un hotel en división horizontal tiene que estar entero abierto».

Error procesal

No es la primera vez que el cinco estrellas vive una situación similar. En julio del año pasado se produjo un desalojo decretado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, derivado de una demanda interpuesta por dos de los inversores. Entre los espacios comunes se encontraba el restaurante. Esto supuso que el servicio se diera en las piscinas del hotel así como la puesta en marcha de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por casusas de fuerza mayor. El mismo Juzgado dio la razón en octubre a la empresa explotadora del hotel, pero en un auto de mayo reconoce un error procesal y acepta la postura de los inversores.

«Hasta que esto no se haya resuelto no se pueden cortar los servicios que es lo que aquí va a ocurrir por una mala interpretación que están queriendo llevar a cabo unos propietarios. No les están dando la razón, es una cuestión de forma, no de fondo», añaden desde la empresa explotadora.

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