Nace Apercove, la asociación que defiende a los propietarios frente a los votos delegados del presidente de la comunidad

«Lo más fuerte son las delegaciones de voto. Nos dejan con las manos atadas», explica a SUR Elisa Álvarez, presidenta de la Asociación de Perjudicados en Comunidades de Vecinos (Apercove), quien el pasado martes compareció con algunos de sus asociados ante el Ayuntamiento de Marbella en su presentación a los medios. De origen granadino, su experiencia en la urbanización de Benalmádena donde reside, que califica de «frustrante», la ha convertido en la voz de una inquietud producida por fenómeno que considera «muy extendido en la Costa del Sol».

«Cuando la comunidad de vecinos está ya secuestrada, el presidente la convierte en su lugar de trabajo», afirma. El caso más público es el de la Comunidad de Torre Bermeja, en Estepona, donde el británico Stephen Hills, presidente de la comunidad, percibe un sueldo que supera al del presidente del Gobierno, gracias al voto delegado de sus compatriotas que solo residen en temporada vacacional. Ante la impotencia que sienten muchos de los afectados en la Costa del Sol, su pretensión es que se cambie la Ley de Propiedad Horizontal, porque la corrupción, asegura, puede llegar a involucrar a empresas de jardinería o de mantenimiento.

Elisa cuenta algunas de las mañas para controlar algunas comunidades de vecinos esparcidas por la Costa del Sol. «Cada día nos llama más gente», asegura. Grosso modo, el presidente la comunidad realiza pequeños favores para ganarse la confianza de aquellos que no residen habitualmente en sus propiedades. «No te preocupes, que yo te recojo del aeropuerto; o les dicen que les cuidan la casa para que no les entren okupas, porque hay que tener cuidado...», pone de ejemplo. «O les cortan la luz y en seguida se lo solucionan cuando llegan a su residencia. Entonces llaman al presidente», todo para demostrar una eficacia impostada. «Los someten a su voluntad, porque se convierten en su salvador», añade,

Elisa Álvarez afirma que la connivencia con el administrador de la finca es habitual. «Al final tienen que depender de ellos. Lo de la luz ocurre mucho». En el caso de la urbanización Torre Bermeja, «es mucho más gordo, porque los extranjeros no se ocupan nada de las reuniones. Aquí había una señora que tenía problemas con la documentación y se lo arreglaron. Desde entonces le da el voto al administrador», explica. «Favorcillos, no te creas. No conocen el idioma ni el funcionamiento de la Administración, pero no pueden darles el voto de por vida», se queja Álvarez. «Tienes que hacer un acta notarial cada vez que se vota en una reunión en concreto».

Y el camino judicial es largo. «No es ahí donde había que ir. Hay que ir al cambio de ley. Estamos hartos de realizar impugnaciones y denuncias que nos cuestan un dineral y no llegan a nada. A los presidentes y administradores les resbala», explica esta propietaria frustrada porque su residencia habitual «está a punto de caerse, ruinoso» por un problema en las vigas de hierro, herrumbrosas por el salitre. «Tiene 60 años y no puedo hacer nada. «Nos hemos reunido porque muchos nos hemos encontrado muchos con la misma experiencia», concluye. Estepona, Marbella, Fuengirola... Ya hay gente que los llama más allá de la provincia.

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