Marbella amplía su plan de ajuste hasta 2040 para garantizar la devolución de los préstamos adquiridos con el Estado

El Ayuntamiento de Marbella ha tenido que ampliar el plazo de su último plan de ajuste hasta 2040 para garantizar la devolución de los préstamos adquiridos con el Estado. El ejecutivo local ha solicitado hasta en tres ocasiones Fondos de Ordenación Estatal para dedicarlos al pago de la deuda que tiene el Consistorio desde la época GIL, especialmente, a las sentencias judiciales que siguen llegando contra la administración local.

Así, en 2021 solicitaron a este organismo 43,6 millones, en 2023 se sumaron 18,6 millones más a los que hay que añadir los 23,5 millones del año pasado. Aunque, en principio, el plazo para la devolución de estas cantidades se situaba en 2035, el equipo de gobierno ha tenido que rectificar los términos del último acuerdo y aumentarlo a cinco años más. En total se contabilizan más de 85 millones de euros en esa deuda financiera adquirida por el ente local. «Ya en 2007 éramos conscientes de la existencia de una deuda sumergida consistente en todas las trampas judiciales fruto de las estafas de GIL, déficit que no podía liquidarse hasta tanto viéramos el resultado de los pleitos», ha explicado el portavoz popular, Félix Romero a la vez que ha aclarado que «en los últimos tres años, más de 200 millones de euros nos hemos encontrado en reclamaciones por el incumplimiento de los convenios y muchas de ellas se han ganado pero otras nos hemos visto obligados a pagarlas en forma de sentencias judiciales».

Críticas al plan

Sin embargo, desde la oposición han criticado duramente este plan de ajuste debido a una de sus consecuencias más inmediatas como es la de la subida de diversos tributos. «El problema que vemos es que el Ayuntamiento tiene que pedir prestados estos últimos 23 millones de euros a los fondos de compensación y el plan de ajuste al que le obliga Hacienda se consigue aumentando los impuestos a los marbelleros en 8 millones de euros en IBI, IAE, y basura en vez de disminuir el gasto político que es lo que proponemos desde VOX», ha señalado su portavoz, Eugenio Moltó.

Opción Sampedreña, por su parte, ha calificado de «despropósito» este endeudamiento. «Van sobreviviendo con las inversiones que les llegan de otras administraciones pero la realidad es que no tienen liquidez y por ello están vendiendo las parcelas municipales lo que repercute en la falta de construcción de viviendas protegidas», ha apuntado el edil de OSP, Manuel Osorio.

Finalmente, el concejal socialista, Javier Porcuna, ha puesto en valor que «la deuda financiera en 2017 se había quedado a cero» por lo que ha criticado la gestión actual y sus consecuencias. «La deuda viva sigue siendo de cerca de 300 millones de euros con la Seguridad Social y Hacienda pero en el otro ámbito habíamos conseguido liquidarla. El problema que tenemos ahora mismo es que va aumentando el déficit financiero y eso repercute directamente en la deuda por ciudadano que ha pasado de cero a cerca de 600 euros por habitante», ha matizado a la vez que ha señalado que «el Ministerio ha dado más plazo porque el Ayuntamiento no llegaba para saldar la deuda en diez años».

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