Costas abre expedientes para recuperar la posesión del dominio público marítimo terrestre en el paseo marítimo de Marbella

En el caso de los primeros, cuentan con un plazo de 15 días para «acreditar la anterior titularidad sobre los terrenos incluidos en dominio público» así como «los usos o aprovechamientos a los que la finca se destinaba con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Costas».

Para ello deberán aportar, además del documento de identificación de los titulares, la «historia registral completa de la finca, autorizaciones, escrituras, contratos, sentencias de los Tribunales» o cualquier otra documentación acreditativa, así como «el plano georreferenciado de los límites de la finca» y el «plano de situación donde se delimite la ocupación existente a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988».

En los casos que la Demarcación ha constatado «la ocupación privativa sin que conste autorización, ni cualquier otro título de ocupación», se han iniciado expedientes para la recuperación de oficio del dominio público marítimo terrestre. Las notificaciones recogen un plazo de 20 días, en lugar de los ocho estipulados por ley, para «presentar cuantas alegaciones y documentos se estimen convenientes» para la defensa y advierte que en caso de confirmarse la procedencia de la recuperación posesoria, se otorgará un plazo para la liberación del dominio público ocupado.

En el proyecto se ven afectadas por la reducción de su espacio de jardines o terrazas en alguna medida, establecimientos como los hoteles Puente Romano y Marbella Club; la familia del Ducado de Alba y varias urbanizaciones. Un total de 20 inmuebles de los que ocho son negocios de ocio y hotelería.

La iniciativa pretende la legalización de esta infraestructura declarada ilegal por una sentencia del Tribunal Supremo 1998. Mientras el Ejecutivo central defiende la necesidad de una intervención que ensanche los areneros y disminuya los estragos por el envite de los temporales, el Consistorio aboga por la adopción de medidas que no afecten al atractivo turístico de un paseo marítimo consolidado, ni a los negocios y propietarios de la zona.

Así, después de que el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, pidiera a la alcaldesa de Marbella, «implicación en la restitución de la legalidad del paseo marítimo» el Partido Popular, ha lamentado «que el Gobierno de Sánchez siga empeñado en querer destruir el paseo marítimo».

El portavoz de los populares, Enrique Rodríguez, ha pedido a los socialistas «que se dejen de eufemismos. Restituir la legalidad es demoler nuestro paseo». Una postura que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, expresada por el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, este misma semana en su visita a la ciudad.

En el polo opuesto, Ecologistas en Acción que denuncia «el negacionismo del consejo de sostenibilidad de la Junta de Andalucía y de la alcaldesa de Marbella, que anteponen los derechos de propiedad de unos particulares para no cumplir sentencias y evitar los efectos del cambio climático en el litoral de Marbella».