María Albarral
Marbella
Viernes, 31 de enero 2025, 00:14
Casi veinte años hace de uno de los casos de corrupción más destacados de España, la operación Malaya, que tuvo como protagonista al Ayuntamiento de Marbella. Desde entonces el Consistorio ha pagado ya 179 millones de euros de deuda pública que dejó a la administración local en bancarrota, concretamente, la que se refiere a la Seguridad Social y Hacienda así como el déficit referente al 'anticipo reintegrable' que aportó la Junta de Andalucía para hacer frente a la situación extrema en la que se encontraba la ciudad en 100 millones de euros, por lo que el montante total a dichas administraciones ascendía a cerca de 385 millones.
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Tras la época de Jesús Gil se calcula que la deuda global de Marbella ascendió a más de 700 millones de euros, cifra que desde el Gobierno local califican de «difícil de concretar con exactitud» debido a todas la obligaciones de pago y cantidades subyacentes que, todavía a día de hoy, siguen apareciendo.
Esta tesitura ha mantenido durante casi dos décadas hipotecada la gestión municipal y ha propiciado que se negocien diferentes fórmulas de pago para ir saldando estas cantidades.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Marbella continúa sumergido en diferentes frentes judiciales para intentar recuperar el máximo importe de todo el patrimonio expoliado al Consistorio en la época de GIL. Así pues, existen condenas favorables a la administración local por los casos de corrupción de alrededor de 500 millones de euros, de los que, a fecha de 2024, efectivos ya se habían ingresado más de 50 millones tanto en bienes como en dinero.
Moción
El Grupo Municipal Popular eleva hoy en la sesión plenaria correspondiente al mes de enero una moción donde solicita una moratoria o período de carencia en el pago de la deuda que la ciudad mantiene con la Seguridad Social y Hacienda, considerando los 47 millones de euros ya abonados de forma anticipada, lo que permitiría suspender temporalmente el pago del principal e intereses. «Atendiendo a lo que Marbella ha adelantado, ese período podría llegar hasta los siete años», ha destacado desde el Grupo Popular su portavoz, Enrique Rodríguez. «Marbella seguirá cumpliendo sus compromisos como siempre, pero con esta medida la ciudad podría destinar más recursos a infraestructuras, equipamientos, servicios sociales, cultura, seguridad y deportes, y seguir impulsando políticas de vivienda», ha indicado.
Rodríguez, ha subrayado que esta petición es una cuestión de justicia y no de privilegio: «No pedimos privilegios, pedimos igualdad. Exigimos un trato justo y una gestión equitativa de la deuda. Si Pedro Sánchez ha negociado condonaciones de deuda con Cataluña para mantenerse en el poder o ha ofrecido financiación extra a Jaén para obtener apoyos en una moción de censura, exigimos el mismo trato para Marbella».
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El edil popular ha recordado también los litigios abiertos con ambas administraciones en los cuales el Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón al Ayuntamiento de Marbella . El conflicto se remonta a 2018, cuando el Consistorio recibió un cheque por valor de 12 millones de euros provenientes de la venta de bienes de los condenados por corrupción. La corporación aprobó por unanimidad destinar ese importe a servicios públicos municipales, sin embargo, las administraciones estatales entendían que dicha cantidad debía destinarse a aminorar la deuda que el ente local mantenía con ambas.
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