El Tribunal de Cuentas reduce a sólo 4,7 millones de euros la herencia de Jesús Gil

Al fijarse provisionalmente en 4,7 millones el importe líquido de la herencia, ése es el máximo que el Ayuntamiento podrá reclamar de momento a los herederos del exalcalde. La representación procesal de la institución municipal ya ha mostrado su desacuerdo con esa decisión y reclama una valoración al alza. La propia administración tributaria de la Comunidad de Madrid, donde se ha llevado este procedimiento, considera que existen elementos cuya comprobación definitiva no ha sido posible, por lo que la valoración es aún provisional.

El importe fijado responde a la liquidación del impuesto de sucesiones realizado por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, donde los hijos de Gil declararon inicialmente en 2004, tras el fallecimiento del exalcalde, una valoración de los bienes y activos heredados de tan solo 1.378.819 euros. En esta cantidad incluían las cuentas corrientes –un total de cuatro que apenas sumaban 854 euros–y el valor de diez entidades no cotizadas, entre ellas Vegangeles SA, Club Financiero Inmobiliario, Promociones Futbolísticas y Presidencia Club Atlético de Madrid. Se declaró también un pasivo de 753.811 euros, producto de un supuesto préstamo, que no fue reconocido.

Al momento de su muerte, Gil tenía todo este patrimonio afectado a posibles responsabilidades derivadas de cinco causas, una de ellas la del Tribunal de Cuentas.

Tras esta declaración, la Subdirección General de Inspección de los Tributos de la Comunidad de Madrid inició en enero de 2008 unas actuaciones que tras varias interrupciones dieron lugar a nueva diligencias de inspección realizadas entre septiembre de 2017 y julio de 2018. Así, se llegó a la valoración que arrojó la cifra de 4,6 millones de euros, cantidad a la que se sumaron otros 138.000 euros del ajuar doméstico. Durante el desarrollo de esa labor de inspección, los técnicos de la Consejería de Hacienda madrileña no consiguieron la información para hacer una valoración confiable de algunas de las sociedades heredadas por los hijos de Gil, por lo que se mantuvieron las cifras iniciales declaradas por los propios afectados.

De esta forma, se dio por buena una cotización según la cual las acciones de Jesús Gil en el Atlético de Madrid tenían un valor de sólo 3.000 euros; las de Promociones Futbolísticas SA, 54.000 euros; y las de la sociedad AMZ, 330.550 euros. Solamente en tres de las diez sociedades declaradas se aceptaron las cifras inicialmente declaradas por los hijos.

Esta ralentización en la liquidación de la herencia de Jesús Gil viene retrasando la ejecución de la sentencia dictada en 2011 contra sus herederos.

El procedimiento que obliga a los herederos de Gil a indemnizar al Ayuntamiento surgió a partir de las anomalías detectadas en el informe del Tribunal de Cuentas en la gestión de las empresas públicas que fueron creadas durante el gobierno de Gil para controlar las distintas áreas municipales tras su acceso al poder en 1991. En abril de 2011, el Tribunal de Cuentas dictó la sentencia, en la que se condenó a diez de los acusados a devolver de manera solidaria importantes cantidades al Ayuntamiento de Marbella. El perjuicio para las arcas municipales se cifró en 66,5 millones de euros, y la pena más importante recayó sobre los hijos de Gil, en su condición de herederos, con responsabilidad sobre esa cantidad más los intereses devengados hasta entonces,39 millones de euros.

Tras los recursos presentados por las partes, el tribunal modificó al alza las cantidades y se estimó que el perjuicio global ascendía a 81 millones más intereses, cantidad de la que debían responder los hijos de Gil, con el límite del importe líquido de la herencia recibida. También se condenó de forma solidaria a los exediles Pedro Román por 56 millones, Rafael González (58 millones), Dolores Zurdo (12 millones), Julián Muñoz (10 millones), Antonio Luque (la misma cantidad) y Marisa Alcalá (7,3 millones).

De todas estas cantidades, el Ayuntamiento sólo ha conseguido ingresar de momento 327.000 euros.

El retraso en la ejecución de la sentencia llevó a que en diciembre de 2017 el Tribunal de Cuentas requiriera a la Comunidad de Madrid para que procediera lo antes posible a la ejecución de la herencia, ocasión en la que se comunicó al tribunal el resultado de las inspecciones.

Ante la imposibilidad de satisfacer las cantidades previstas en las sentencias, el Ayuntamiento de Marbella solicitó una mejora del embargo, es decir, la localización de nuevos bienes, y en el mismo sentido, el Ministerio Fiscal señaló que los activos señalados en la herencia no podían ser tenidos como suficientes para asegurar las responsabilidades por las que deben responder. En un escrito presentado en 2017, la Fiscalía recordó que la cantidad que debía asegurarse en favor del Ayuntamiento de Marbella era de 81 millones de euros más sus intereses. El Ministerio Público defendió que la responsabilidad de los herederos puede ser hecha efectiva tanto en bienes procedentes de la herencia como en bienes de su propiedad, «pues no es la herencia, sino los herederos los responsables contables directos obligados al reintegro del alcance».

Un año antes, el Ayuntamiento de Marbella había solicitado una mejora del embargo, es decir, una ampliación de bienes con los que garantizar el cobro de la cantidad adeudada. Después de que el tribunal le concediera un plazo de diez días para que los señalara, la representación legal de la institución municipal alegó falta de medios para hallar bienes y solicitó una averiguación patrimonial o que fuese la parte ejecutada, es decir, los herederos, quienes señalaran los bienes.

Al serles requeridos para actuar en ese sentido, los hijos de Gil presentaron un recurso en el que señalaban que al haber aceptado la herencia a beneficio de inventario, sus bienes no debían confundirse con los de la herencia.

El tribunal señaló entonces que al no haberse determinado entonces la cuantía de la herencia, no resultaría prudente acordar una ampliación del embargo, con lo que desestimó la solicitud del Ayuntamiento.

Sin embargo, al haberse fijado ya una valoración provisional de la herencia y al no haberse podido comprobar el valor de las acciones y participaciones en cuatro sociedades, según reconoce la propia Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, la representación legal del Ayuntamiento de Marbella comunicó al tribunal que entiende que las actuaciones inspectoras, y también las sancionadoras, deben continuar. El Ayuntamiento ha mostrado también su disconformidad «con algunas de las actuaciones de comprobación reflejadas en el informe de comprobación de valores, referidas en particular a la valoración de los inmuebles de los que son titulares las sociedades», según un escrito que consta en el procedimiento.

Asimismo, los letrados municipales han afirmado que existen otras participaciones y acciones de entidades mercantiles de las que Jesús Gil era titular en el momento de su fallecimiento y que sin embargo no constan en el caudal objeto de valoración, entre ellas las acciones del Atlético de Madrid.

No obstante este desacuerdo, ha pedido la ejecución de los bienes y derechos ya embargados, «ya que resulta evidente que los herederos deberán responder al menos, con mismos, al ser su valor muy inferior a la deuda pendiente».