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En 2003, en plena expansión inmobiliaria en la Costa del Sol, decidieron comprar un piso en Marbella para retirarse lejos del frío de las islas británicas y entregaron a cuenta 100.000 euros, los ahorros de toda una vida. Cuando llegó el momento de ... escriturar tuvieron noticia de que la promoción era una más entre las muchas construcciones irregulares levantadas durante la 'era Gil' y por lo tanto no iba a contar con licencia de primera ocupación. Reclamaron la devolución del dinero, pero ni la promotora ni la entidad bancaria donde había sido ingresado accedieron.
17 años después, la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al Banco Popular a reintegrar la cantidad al matrimonio afectado al rechazar un recurso presentado por la entidad bancaria contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Marbella que favorecía a los compradores.
Los afectados, un matrimonio británico, adquirieron en 2003 una vivienda sobre plano a Marbella Vista Golf, promotora del complejo residencial Santa María Green Hill, e ingresaron el dinero de la entrada en la citada entidad bancaria, que según refleja la sentencia, había suscrito con la promotora un aval por más de diez millones de euros que garantizaba las cantidades entregadas por los compradores.
No es la primera vez que se dicta una sentencia en relación a esta urbanización favorable a un comprador. De hecho, se estima que existe cerca de un centenar de afectados y la mayoría ha obtenido pronunciamientos favorables en los tribunales. Pero en esto caso coinciden varias circunstancias especiales. La primera es el tiempo transcurrido, ya que la sentencia ha llegado dos meses antes de la prescripción. El segundo es la elevada cantidad entregada a cuenta en su día y que ahora deberá ser devuelta con sus intereses. Sin embargo, la más relevante es que en este caso, a diferencia de lo ocurrido con otros compradores, los damnificados no denunciaron a la promotora, que al no poder escriturar la mayor parte de los pisos se declaró insolvente y entró en concurso de acreedores, sino que fueron directamente contra el banco.
El estudio Ley 57, que ha representado en este conflicto a los compradores, destaca que la urbanización Santa María Green Hills atrapó a decenas de británicos que compraron en su día sobre plano con intención de tener una segunda residencia en España o cambiar de residencia permanente
La urbanización entró en el catálogo de urbanizaciones ilegales, sin que se consiguiera obtener la licencia de primera ocupación y la promotora entró en concurso de acreedores.
El estudio ha destacado que los asuntos no iniciados antes de final de año podrían prescribir, dada la reforma de los plazos de prescripción habida en 2015.
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