El principal condenado del 'caso Goldfinger' está en Argentina, donde no consta orden de búsqueda

Díaz-Bastién es argentino de nacimiento aunque desarrolló su carrera profesional en España, donde llegó a ser presidente de la Unión Internacional de Abogados, miembro del Comité de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española y hasta vicepresidente de la Fundación Mensajeros de la Paz. Estaba al frente del despacho marbellí que representaba los intereses en Marbella del actor escocés Sean Connery.

Como tal, se vio implicado en el caso por la recalificación del terreno donde se encontraba la mansión de Connery y que dio lugar al que se conoció como 'caso Goldfinger', uno de los escándalos urbanísticos que tuvieron como epicentro al Ayuntamiento de Marbella durante los años del gilismo. El terreno a pie de playa y a escasos metros de Puerto Banús donde residía el actor fue recalificado para que se construyeran 72 apartamentos de lujo. Los implicados obtuvieron un beneficio de 50 millones de euros en la operación.

Por este asunto llegaron a estar imputados el propio actor y su mujer, Micheline, así como Juan Antonio Roca, Julián Muñoz y varios exediles del GIL. El caso se resolvió en octubre de 2016 con la absolución de Roca y la condena a Muñoz y a otros seis ediles. Connery ya había sido apartado del caso previamente.

Aquella, sentencia,que sería posteriormente confirmada parcialmente por el Tribunal Supremo, condenó también a otros cinco acusados, entre ellos los dos abogados de Connery en España, Héctor Díaz-Bastién y Ramón Asensio, por un delito fiscal al haber eludido el pago de los impuestos correspondientes a la ganancia obtenida en la operación. La sentencia dictada incluía una multa de más de 40 millones de euros y otros 11 millones de indemnización por responsabilidad civil.

Pero mientras Asensio ingresó en prisión tras confirmar el Supremo la condena, rebajada a cinco años y dos meses frente a la pena inicial superior a los siete años, Díaz-Bastién huyó del país. Lo hizo tras comunicar a la Sala que no se presentaría a recoger la orden de ingreso en prisión.

Ello dio lugar a que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la Audiencia de Málaga que dictara una orden internacional de busca y captura y que se pusiera en conocimiento de la Interpol del país sudamericano para que se proceda a la detención.

Esa orden nunca llegó a ser dictada. Ni en en la policía española ni en la del país sudamericano, según ha podido confirmar este periódico, figura orden alguna de busca y captura en contra del abogado.

Sin embargo, en los archivos del Ministerio de Seguridad (Interior) argentino, Díaz-Bastién figura desde el pasado 7 de junio con una causa abierta por un juzgado federal con competencias en asuntos penales que ha dictado la prohibición de salir del país, aunque no consta orden de detención internacional en su contra.

Fuentes consultadas por este periódico en el citado ministerio han explicado que existe una práctica habitual entre personas de nacionalidad argentina que podrían ser reclamadas por terceros países que consiste en cometer algún delito menor, de manera que al ser procesados se dicta la prohibición de salir del país. De esa manera, evitan una eventual extradición.