Nunca hubo 'caso PGOU' en Marbella

Resulta paradójico en Marbella. En una ciudad que no hace mucho era noticia nacional por sus escándalos urbanísticos, que ha tenido dos planes generales fallidos y cuyos vecinos pagarán durante generaciones el latrocinio de suelo ejercido durante 15 años desde el Ayuntamiento con la indiferencia de otras instituciones, incluida la institución judicial, se conoce como 'caso PGOU' un proceso que tuvo más asidero en la rica imaginación de los denunciantes que en hechos mínimamente contrastados. El Tribunal Supremo acaba de archivar el asunto, que ya había quedado reducido a muy poco.

Basta con hacer un mínimo de memoria para entender el despropósito que ha tenido a la ciudad entretenida durante más de cinco años con este asunto. La plataforma 'Ni un metro de Marbella para otra población' formada mayoritariamente por vecinos que antes habían montado una plataforma contra la tala de árboles y previamente otra más contra el proyecto de construir torres de gran altura, presentó una denuncia que venía a decir, palabra más, palabra menos, lo siguiente: en Marbella se había desarrollado una conspiración para falsificar 22 planos del Plan General de Ordenación Urbana, los cambios en el documento se habían ejecutado con nocturnidad, en la víspera del pleno, la maniobra perseguía hurtar a Marbella miles de metros de suelo para entregárselos a Benahavís y todo eso para dar un pelotazo urbanístico, dada la diferente calificación del suelo en uno y otro municipio, que beneficiaba a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y a su familia. Un ingenioso y al mismo tiempo burdo pelotazo que hubiera hecho palidecer al mismísmo Juan Antonio Roca.

La denuncia creció como una bola de nieve y como suele suceder en estos casos, la sombra de la sospecha se lanzó no sólo sobre sus supuestos autores, sino también sobre quienes se resistían a rubricar el auto de fe de la plataforma, a pesar de que éste se desvanecía a poco que los argumentos presentados se analizaran con un mínimo de rigor.

Después de que el fiscal de Marbella hiciera suya parte de la denuncia, aunque no sus extremos más estrambóticos, todo hay que decirlo, y se abriera un procedimiento judicial, los denunciantes creyeron ver confirmadas sus sospechas. Los partidos de la oposición se subieron al carro con entusiasmo y explotaron el tema con pertinaz insistencia.

Cuando el jefe del equipo redactor del Plan, el arquitecto Manuel González Fustegueras, dijo ante el juez que él mismo, personalmente, había realizado los cambios que se denunciaban como falsificación podría haber sido suficiente para desistir, pero no fue así. Se utilizó con el testigo la misma técnica que con el resto de quienes no se sumaban: la suspicacia. El autor del Plan pasó a ser sospechoso de falsificar su propia obra.

Tampoco se desistió cuando el juez instructor archivó el caso. Tanto el fiscal, al que no le parecían suficientes las pruebas practicadas, como el Grupo Socialista, que se había sumado como acusación particular, recurrieron a la Audiencia Provincial, que señaló que, en todo, caso, podía haber una falsedad por imprudencia en la redacción del acta del pleno. De ahí a la denuncia inicial de que se habían falsificado planos mediaba un abismo. Pero ni así.

Ahora el Tribunal Supremo ha vuelto a archivar el asunto, ya definitivamente, y sin embargo no asoma el más mínimo atisbo de rectificación. El portavoz socialista ha argumentado que el Supremo ha reconocido que existió falsedad en las actas del pleno –pese a que el auto no dice nada ni remotamente parecido a eso– y ha extendido la sospechas, esta vez contra el juez ponente porque fue senador del PP hace casi 25 años.

Que se persista en estrategias de esta índole en unos tiempos en los que el rigor sucumbe frente al ruido de las redes sociales y cuando a base de noticias fake se puede llegar hasta la presidencia de Estados Unidos no debería llamar demasiado la atención.