Cinco municipios se unen para pedir a la Junta una moratoria a los proyectos fotovoltaicos

La última petición ha surgido por parte de cinco municipios situados entre las comarcas del Valle del Genal y la Serranía de Ronda. Casares, Jimena de la Frontera, Gaucín, Tesorillo y Castellar, con sus alcaldes a la cabeza, mantuvieron en el día de ayer una reunión con responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, para reclamar que se paralicen los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en las cinco localidades hasta que se apruebe una regulación autonómica para garantizar la compatibilidad de la implantación de estas instalaciones de energía renovable con un desarrollo sostenible para sus municipios.

Durante el encuentro se acordó trasladar esta iniciativa a las consejerías de Presidencia, Hacienda y Turismo, cuyo acuerdo en la próxima Junta de Gobierno de la Junta será fundamental para aprobar esta petición de moratoria.

Según José Carrasco, regidor de Casares, «El objetivo de este consejo de alcaldes es que la instalación de las plantas fotovoltaicas se realice de forma sostenible y planificada, para que no tenga un gran impacto paisajístico o medioambiental, ni tampoco perjudique el desarrollo de sectores económicos fundamentales para nosotros como son el agrícola o turístico». Intenciones que van en sintonía con las trasladadas por el resto de localidades afectadas a lo largo de la provincia.

«Cada uno de los consistorios está trabajando, dentro de sus posibilidades, para regular en el ámbito local la implantación de este tipo de instalaciones, aunque el Gobierno de España o la Junta de Andalucía son las administraciones competentes para tramitarlas, por tanto también son las que tendrán la última palabra», señaló Carrasco en la jornada de ayer.

Solo Casares cuenta ya con hasta veinte proyectos fotovoltaicos en ciernes, que afectan de forma directa -se instalarán en el término municipal- o indirectamente, puesto que se implantaran en territorios cercanos pero cuyas estaciones o cableado acabarán pasando por suelo casareño.

Una de las instituciones que ha recogido el testigo de los ayuntamientos y abanderará la petición a los gobiernos autonómico y nacional de más medidas de control sobre este tipo de proyectos es la Diputación de Málaga, que esta misma semana ha aprobado en sesión plenaria y por unanimidad una moción institucional donde se exige una moratoria sobre los parques solares en los municipios que lo soliciten para poder analizar todas las propuestas en su conjunto y planificar cuáles son las zonas óptimas para este tipo de instalaciones.

La propuesta recoge también que la opinión de las localidades sea escuchada y dispongan de más tiempo para diseñar un desarrollo de este tipo de instalaciones más eficiente y sostenible.

Uno de los objetivos a plantear será la creación de una mesa de trabajo donde estén la propia institución malagueña, los ayuntamientos, la Junta y el Gobierno, que busque soluciones rápidas que eviten una implantación masiva de parques fotovoltaicos. Y es que en la actualidad habría alrededor de 75 de estos proyectos en trámite en la provincia.