Marbella quiere volver a contar con Hacienda para detectar patrimonio de los condenados

Este grupo de trabajo estuvo activo hasta el cambio de gobierno municipal de 2015, cuando el tripartito optó por que desapareciera la figura del director de la asesoría jurídica y atribuyó esa responsabilidad al secretario del Ayuntamiento.

Después de que el Partido Popular recuperara el gobierno municipal, se volvió a encargar esa tarea a las tres personas afectadas, aunque el convenio con Hacienda no llegó a renovarse.

La mayor parte de los esfuerzos estuvieron centrados hasta ahora en conseguir que lo que Hacienda cobrara por concepto de multas repercutiera en actuaciones de interés social en el Ayuntamiento y ahora está previsto redoblar los esfuerzos en la dirección del cobro de las indemnizaciones.

Además, según han explicado fuentes municipales, se pretende volver a conseguir la adscripción de los técnicos de Hacienda, los mismos que trabajaron en el equipo multidisciplinar que llevó adelante junto a la policía la investigación del 'caso Malaya' para el rastreo patrimonial de las personas condenadas tanto en ese procedimiento como en los casos 'Saqueo 1' y 'Saqueo 2' y en la causa contable del Tribunal de Cuentas, donde están condenados los herederos de Jesús Gil.

En este último procedimiento, después de que el Ayuntamiento de Marbella solicitara una mejora del embargo, es decir, una ampliación del trabado contra los hijos de Gil con el que garantizar el cobro de los más de 100 millones adeudados, el tribunal le comunicó que tenía que señalar qué nuevos bienes debían inmovilizarse. El Ayuntamiento alegó entonces falta de medios para hallar bienes y solicitó una averiguación patrimonial o que fuese la parte ejecutada, es decir, los propios herederos, quienes señalaran los bienes.

La renovación del acuerdo con Hacienda que pretende el gobierno municipal persigue conseguir indagar en el patrimonio de los condenados para alcanzar el objetivo del cobro de las cantidades adeudadas. Asimismo, el Ayuntamieno tiene previsto incorporar al grupo de trabajo de la asesoría jurídica a un especialista en valoración de bienes con el objetivo de agilizar la ejecución de las sentencias.