El juzgado de Estepona se inhibe en la causa por el ático de Ignacio González para que se una al 'caso Lezo'

Así consta en un auto que se dicta tras pedir la Fiscalía malagueña dicha inhibición al considerar que «temporalmente» el 'caso Lezo' se conecta con el año 2008, fecha que coincide con la adquisición por parte de Coast Investors del inmueble en Estepona y con el contrato de arrendamiento de temporada sobre el mismo, concertado con González y su esposa.

En el procedimiento de Estepona se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el ático a González y su mujer -ambos investigados-, quienes primero, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors, y ya en diciembre de 2012 lo adquirieron por 770.000 euros.

La magistrada coincide con el fiscal en que «temporalmente» el caso de la Audiencia Nacional conecta con la operación desarrollada sobre el ático y apunta que los hechos que se investigan en Estepona «se consideran conexos» con los que se están viendo en la macrocausa del 'caso Lezo', por presuntos delitos de cohecho y malversación, en la que aparece González como uno de los principales investigados.

En su resolución, que se puede recurrir, dice que «pueden resultar de las pruebas que se obtengan en aquel procedimiento el esclarecimiento de los hechos delictivos y la determinación de las responsabilidades procedentes de esta causa», apuntando que también son conexos «por ser los delitos supuestamente cometidos por la misma persona y que tienen analogía o relación entre sí».

En este sentido, la jueza explica que el presunto delito de blanqueo de capitales objeto del procedimiento que se sigue en Estepona sobre el ático «tiene relación y analogía con los presuntos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos que se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional».

Por su parte, la defensa de González se opone a dicha inhibición, al entender que «el único argumento expresado por el ministerio fiscal para la inhibición es la conexión temporal», insistiendo en que tras seis años de instrucción del caso del ático «ningún indicio criminal resulta de la misma».

«Durante esta investigación no aparece ningún dato que lo vincule o conecte con la denominada operación Lezo», indica el letrado del expresidente de la Comunidad de Madrid en su escrito remitido al juzgado.

Recuerda que el juzgado ya se dirigió a dicho juzgado central sobre si había alguna conexión entre los hechos investigados en cada causa «sin que hasta el momento dicho juzgado ni la Fiscalía de la Audiencia Nacional se hayan pronunciado al respecto», instando a que se espere a dicha respuesta.

El ático fue registrado en noviembre pasado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras ordenarlo el juez del 'caso Lezo'. Allí hallaron una cartera con tres billetes de 500 euros, un reloj rolex de imitación, un disco duro de un ordenador, un 'pendrive' y un teléfono móvil, que se hallaba en el cuarto de las hijas del exdirigente regional; además de que se llevaron el contrato entre Cavero y Coast Investors por el alquiler en 2008.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señaló en un informe incorporado a la causa de Estepona que se aprecian «suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos» del ático, apuntando que aunque «no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad en 2008, y por tanto su ilicitud», sí se aprecia «falta de información».

El expresidente de la Comunidad de Madrid, su mujer y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fueron a declarar como investigados a los juzgados de Estepona en abril de 2016, al solicitarlo la Fiscalía, tras las comprobaciones relacionadas con las grabaciones de unas conversaciones aportadas a la causa, por las que ya habían declarado como testigos los excomisarios de Policía Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo.