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Tras más de diez años de espera, finalmente la parcela que el Ayuntamiento de Estepona cedió en 2008 a la Junta de Andalucía para la construcción del futuro Palacio de Justicia, cuenta con todos los parabienes para iniciar el proyecto.
Así lo ha anunciado la ... secretaria general para la Justicia, María José Torres, tras una reunión mantenida con el alcalde de la localidad, José María García Urbano, en la que ambas administraciones han llegado a un acuerdo para hacer realidad el futuro Palacio de Justicia y así reunificar en un solo edificio las tres sedes judiciales con las que cuenta el municipio.
El director general de Infraestructuras y Sistemas, Miguel Ángel Reyes, que también ha asistido a la reunión, ha indicado que inicialmente el proyecto quedó «en punto muerto» porque la parcela presentaba una serie de condicionantes técnicos que impedían construir en la misma la nueva sede judicial.
En concreto estos problemas eran que el terreno contaba con una edificabilidad de 4.500 metros cuadrados y unos condicionantes que permitían planta baja más tres alturas. Ahora se permitirán 6.500 metros cuadrados de edificabilidad y planta baja más cuatro alturas. El alcalde ha puntualizado que no será necesario llevar a cabo modificaciones puntuales del PGOU «porque el plan prevé, cuando se trata de un equipamiento público, que solo es necesario justificar la necesidad para que haya ese incremento de edificabilidad y de altura».
Reyes ha anunciado que existe una partida presupuestaria consignada para 2020 para realizar los estudios geotécnicos y topográficos previos al comienzo de las obras, aunque no ha precisado a cuánto asciende dicha partida. «Hasta que no se cierren los presupuestos andaluces no tenemos el dato específico. Pero lo que sí es seguro, es que no es un brindis al sol y que la ciudad de Estepona va a tener una partida presupuestaria para esta infraestructura», ha recalcado
Los plazos que maneja la Junta de Andalucía pasan por comenzar las obras a finales del próximo año. El alcalde, por su parte, ha añadido que el Palacio de Justicia estará terminado en este mandato. García Urbano ha subrayado que el desbloqueo de este proyecto ha sido posible gracias al entendimiento entre las dos administraciones, desde que el PP llegó al gobierno de la Junta de Andalucía al tiempo que ha criticado que con el anterior ejecutivo andaluz las negociaciones eran «infructuosas y el problema estaba enquistado».
Tanto es así que el alcalde llegó a amenazar a la Junta con desahuciarla de la sede de la avenida Juan Carlos I, tras haber concluido el plazo de cesión del edificio, propiedad municipal y que el Ayuntamiento pretendía destinar a servicios sociales.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, también ha denunciado e varias ocasiones que los Juzgados de Estepona son «los peores de España» por la falta de medios, de espacio y por la litigiosidad Además el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) fue suspendido a finales de abril de 2018 cuando el Gobierno andaluz ordenó el desalojo.
La situación en Marbella es más complicada y va para largo pese a que también aquí ambas administraciones son del mismo color político. La propuesta del Ayuntamiento de ceder el edificio situado junto al Hospital Costa del Sol e incautado a Juan Antonio Roca, está pendiente de que el Ministerio de Fomento apruebe una modificación de la adscripción de carreteras.
La secretaria general para la Justicia de la Junta de Andalucía, María José Torres, y el director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes, también han mantenido un reunión con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz y la concejala de Urbanismo, Kika Caracuel, para abordar el futuro del Palacio de Justicia de Marbella.
Torres ha aclarado que para legalizar el edificio, Carreteras debe delimitar la distancia con la vía y además el Ayuntamiento debería acometer una serie de modificaciones puntuales del PGOU. «Por lo que los plazos se van a ralentizar mucho, pero trabajamos para evitar la dispersión de las sedes judiciales y queremos darle una solución».
La secretaria ha insistido en que se va a estudiar la viabilidad del edificio anexo al hospital «pero debido a las objeciones que estamos encontrando, vamos a buscar otras opciones y fórmulas de cara a que Marbella cuente con el Palacio de Justicia que merece».
Por su parte, Ángeles Muñoz ha recordado que «estamos trabajando para darle uso en este sentido a esta edificación, pero ante las objeciones que estamos encontrando por parte del Ministerio de Fomento en relación con este proyecto, desde el Ayuntamiento nos hemos comprometido en hacer todo lo posible por poner un suelo disponible para que la ciudad tenga unas instalaciones dignas». La regidora ha avanzado que ambas administraciones trabajan ya en la búsqueda de alternativas para acoger esta infraestructura por si finalmente el Gobierno central descarta la utilización del edificio anexo al Hospital Costa del Sol.
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