El juicio por la extradición de Carlos Fernández se celebrará el miércoles

El margen para el nuevo señalamiento era estrecho, ya que en Argentina el mes de enero, en el verano austral, no es hábil a efectos judiciales, salvo los urgentes. Según ha informado el periódico sanjuanino ‘Diario de Cuyo’, el fiscal federal argentino Francisco Maldonado, que según el acuerdo de colaboración recíproca entre ambos países representa en el proceso los intereses españoles, pedirá que se conceda la extradición, mientras que la defensa del exconcejal solicitará que no se ejecute atendiendo al arraigo de Fernández en Argentina, donde ha formado una familia. La postura de los abogados del exconcejal es que todos los procesos por los que España pide la extradición están prescritos.

Fernández se encuentra encarcelado en la prisión provincial de San Juan desde el pasado 29 de septiembre, cuando fue detenido en su domicilio.

El pasado 10 de noviembre, el Consejo de Ministros acordó pedir a las autoridades argentinas la extradición de Carlos Fernández por seis procedimientos, decisión que ya había sido adelantada dos semanas antes para evitar que venciera el plazo que hubiese obligado al juez del país austral a ordenar la excarcelación del exconcejal.

Todos los procedimientos por los que se pide la repatriación del exedil, que se fugó de España en junio de 2006, corresponden a supuestos delitos del periodo 1991-2005, en el que Fernández fue concejal en Marbella; primero con el GIL y posteriormente con el Partido Andalucista.

La primera de estas solicitudes de extradición se fundamenta en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el ‘caso Saqueo 2’ y hace referencia a la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

El resto de las causas son procedimientos instruidos en juzgados de Marbella, entre los que destaca el ‘caso Malaya’, en el que Fernández está acusado de un delito de cohecho por haber recibido sobornos de Juan Antonio Roca para obtener resoluciones favorables a sus negocios urbanísticos entre 2004 y 2005. El juicio por ‘Malaya’ se celebró entre 2010 y 2012 mientras Fernández se encontraba prófugo.

El Juzgado de Instrucción número 5 ha presentado también una solicitud de extradición por otro caso. Se trata de un procedimiento por un presunto delito contra la ordenación del territorio en el que Fernández está acusado de votar de forma favorable en 2003 por la concesión de licencias urbanísticas con plena conciencia de que eran contrarias a la normativa vigente.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella ha presentado otras dos solicitudes, ambas por delitos contra la ordenación del territorio. En la primera de ellas, los hechos se remontan al 14 de abril de 2004, cuando se aprobó el proyecto de ejecución de la entidad Renta 95, S.L. para edificar nueve bloques de viviendas plurifamiliares, si bien el reclamado conocía la imposibilidad legal de dicha decisión al exceder la edificabilidad permitida en una zona calificada como unifamiliar exenta. La segunda, corresponde a la aprobación el 5 de febrero de 2004 de otro proyecto similar de construcción de 42 viviendas unifamiliares por parte de la promotora TAU Tres, S.L., existiendo las mismas limitaciones normativas.

La última de las ampliaciones de solicitud de extradición corresponde al Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella por supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial cometidos el 1 de abril de 2004 como miembro de la Junta de Gobierno Local. En esa fecha se aprobó un supuesto proyecto de instalación eléctrica e iluminación del Puerto Deportivo de Marbella por un importe cercano a los 480.000 euros a través de un contrato ficticio con una entidad denominada Entidad Mapulsur S.L. En realidad, dichas obras habían sido ejecutadas con anterioridad a costa de las arcas municipales, creando así una apariencia administrativa inexistente para apoderarse de capitales públicos.