El juez embarga al excomisario Villarejo 22 bienes inmuebles en Madrid y Estepona que procederían del blanqueo

El magistrado tomó la decisión después de que la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional presentara un escrito en el juzgado dos semanas después de que estallara la 'operación Tándem'. En dicho informe se detalla que el grupo policial investigador «ha descubierto importantes inversiones hechas con fondos de procedencia ilícita», entre las que se encontrarían los bienes inmuebles ahora embargados a nombre únicamente de Villarejo (la medida cautelar no afecta de momento a bienes de empresas que pudieran tener relación con el comisario jubilado).

El juez De Egea argumenta en el auto, al que ha tenido acceso COLPISA, tras el levantamiento del secreto de la pieza llamada 'King', que el embargo de estos inmuebles «no lo es tanto para asegurar responsabilidad económica (en caso de una futura condena) sino que se realiza por ser considerados como efectos procedentes del delito de blanqueo de dinero».

Por este motivo, añade, no se precisa la mención a cantidad alguna en la resolución y ampara su decisión en el punto cuatro del artículo 166 el Reglamento Hipotecario, que prohíbe temporalmente la enajenación de los bienes sospechosos de su procedencia delictiva y se hará constar las circunstancias de su obtención y del respectivo titular.

En concreto, el juez expide un mandamiento a tres registros de la propiedad donde están ubicadas las propiedades a nombre del comisario jubilado, antiguo integrante de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía como «agente encubierto».

La medida cautelar afecta a un piso de 127 metros cuadrados y dos garajes en Las Rozas (Madrid), a un chalet de 285 metros cuadrados dentro de una parcela de 2.300 en Boadilla del Monte (Madrid) y a los múltiples bienes que dispone en Estepona (Málaga). En concreto, dos pisos de 136 y 118 metros cuadrados, un local comercial de más de mil metros cuadrados y 12 garajes o trasteros.

Todas estas propiedades se ubican en el residencial Mirador de la Cala, una promoción en primera línea de playa de la localidad malacitana. Dicha urbanización fue promovida por dos sociedades, Polo Bay S.L. y Portobelo 1998, participadas entre otros por el Grupo SH Vilamoura, perteneciente al empresario Juan Carlos Escribano, también detenido e investigado en la 'operación Tándem'.

Según fuentes jurídicas, la licencia de ocupación de este residencial estaría detrás del llamado 'caso Astapa', una trama de corrupción urbanística en Estepona que estalló hace diez años y en la que la Fiscalía acaba de acusar formalmente a medio centenar de personas.

Entre los encausados se encuentra el exalcalde socialista Antonio Barrientos (2003-2008), que se negaba a conceder la licencia de ocupación del Mirador de la Cala pero que tuvo que dimitir por estos hechos tras su imputación por parte de la juez Isabel Conejo.

El puesto de Barrientos como regidor en Estepona fue ocupado por David Valadez, quien situó al frente del área de Urbanismo a Diego de Lucas Villarubia, empresario procedente de Madrid que aparece como administrador único de Sensible Code, la empresa que edita el diario digital 'Infosensible', dirigido por la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá.

Este movimiento político-judicial sirvió en su momento para desbloquear la licencia de ocupación del residencial de Villarejo, según sospecha la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, responsable de investigar la 'operación Tándem' por estar involucrados otros dos comisarios, Carlos Salamanca, exjefe del aeropuerto de Barajas, y Enrique García Castaño, y el inspector jefe jubilado Antonio Bonilla, quien fuera responsable de seguridad de la Asociación Española de Banca.