El juez argentino deja en prisión a Carlos Fernández tras recibir el pedido de extradición

Aunque el Consejo de Ministros no ha aprobado aún formalmente la solicitud de extradición a las autoridades argentinas, el Gobierno español remitió la comunicación de urgencia el pasado martes para interrumpir el plazo de 40 días establecido desde la detención del exedil que hubiera obligado a su puesta en libertad. Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado que se trata de una práctica habitual en los casos en que la persona a ser extraditada se encuentra encarcelada. El Consejo de Ministros aprobará próximamente la solicitud formal de extradición de Fernández.

Ahora, ambas partes cuentan con diez días hábiles -es decir, dos semanas- para presentar la documentación y las pruebas para el proceso de extradición. Los intereses de la justicia española serán defendidos por el fiscal federal argentino Francisco Maldonado.

Hasta tanto se celebre la vista, el exconcejal de Marbella deberá esperar en la prisión provincial de San Juan, donde lleva ingresado desde el pasado 15 de septiembre, cuando fue detenido. El juez federal Leopoldo Rago Gallo, a cargo del juzgado donde se tramita la causa, denegó ayer la petición formulada por la defensa del exconcejal para el cese del arresto provisional que se le impuso desde que fue detenido.

La decisión del juez se adoptó justo un día después de que llegara la comunicación de las autoridades españolas que daban curso a las solicitudes de extradición formuladas por la Audiencia Nacional y por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde Carlos Fernández tiene causas pendientes que a criterio de los jueces todavía no han prescrito. Se trata de los procedimientos correspondientes al ‘caso Saqueo 2’, el ‘caso Malaya’ y a una causa urbanística.

En ‘Saqueo 2’, Carlos Fernández está acusado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Se le demandan, además, 7,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil en favor del Ayuntamiento de Marbella. La petición fiscal es de nueve años de prisión. En ‘Malaya’ se le atribuye un delito de cohecho, y en la causa urbanística, un delito contra la ordenación del territorio

España y Argentina tienen en vigor un tratado de asistencia judicial entre ambos países, suscrito en 1987, que establece como condición para aceptar las extradiciones que los delitos imputados no hayan prescrito en ninguno de los dos países.