Carlos Fernández esperará en libertad la resolución definitiva sobre su extradición

La decisión definitiva puede aún demorarse algunos meses. Hasta que se resuelva esta situación, Fernández podrá esperar en libertad. El juez federal argentino que entiende en la causa –Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado federal número 2 de San Juan– decidió ayer dejar en libertad a Fernández con la condición del pago de una fianza de 300.000 pesos argentinos, poco más de 14.000 euros. El juez le impuso también otras medidas cautelares: el exedil de Marbella, a quien ya se le había retirado el pasaporte, tiene prohibida la salida de Argentina, deberá comparecer cada 15 días y no podrá abandonar la provincia de San Juan sin una comunicación previa al juzgado.

La familia del exconcejal ha manifestado a SUR su satisfacción por la libertad concedida a Fernández, que encarcelado desde el 15 de septiembre, que permitirá al exedil disfrutar de las fiestas navideñas en compañía de su mujer y sus hijos. Antonio Fernández, hermano de Carlos y director técnico de su defensa, aseguró que todo va saliendo según la estrategia trazada y subrayó que si se consuma la extradición defenderán ante la justicia española que los delitos del ‘caso Saqueo 2’ también están prescritos.

La satisfacción del entorno de Carlos Fernández tiene en qué sustentarse. Pese a que las autoridades españolas habían solicitado la extradición por seis causas que el exconcejal tiene pendientes en los tribunales, en el caso de que no prospere el recurso de su defensa sólo podrá ser juzgado por uno de los dos delitos que se le imputan por el ‘caso Saqueo 2’, en el que se le atribuyen malversación de caudales públicos y falsedad documental. Este último está prescrito según la justicia argentina y sólo el primero sigue vigente, según la resolución del juez.

En la decisión adoptada ayer, el juez argentino solicita a las autoridades españolas que se respete el artículo 18 de la Ley 24.767 del ordenamiento jurídico del país austral, que establece que si es finalmente extraditado solamente se lo juzgue por el delito por el que se lo ha repatriado.

El Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre España y Argentina, firmado en Buenos Aires en 1987 y ratificado en Madrid en 1990, establece como causa para no conceder la extradición que de acuerdo a la ley de alguna de las partes se haya extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita.

Según la legislación argentina, los delitos por los que Fernández era reclamado en los otros cinco procedimientos en los que se solicitó su extradición, incluido ‘Malaya’, y el de falsedad de ‘Saqueo 2’ ya han prescrito. De esa manera, las condiciones bajo las que se concede la extradición solamente permiten juzgar a Fernández por la malversación del ‘caso Saqueo 2’.

En este procedimiento, cuyo juicio se celebró en Madrid en abril de 2013 y ya se ha dictado condena para el resto de los acusados, se juzgó el saqueo sistemático de las arcas del Ayuntamiento de Marbella mediante las empresas municipales creadas por el GIL tras su llegada al poder en 1991. Carlos Fernández está acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos, por el que el fiscal solicita una pena de seis años y medio de prisión, y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil por el que se le piden dos años y medio de cárcel y por el que no podrá ser juzgado, además de condenas accesorias de inhabilitación y multas. Además, de manera solidaria con otros acusados, se le reclaman 3,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil en favor del Ayuntamiento de Marbella.

La defensa del exconcejal considera que esta causa también ha prescrito por completo y así lo planteará ante la justicia española en el caso de que la extradición finalmente se consume.

Fernández se encuentra encarcelado en Argentina desde el pasado 15 de septiembe, cuando fue detenido en su domicilio de la localidad de Rivadavia, colindante con San Juan, capital de la provincia del mismo nombre situada al oeste del país austral. El exconcejal se encuentra prófugo de la justicia española desde junio de 2006, cuando se ordenó su detención en el marco de la segunda fase de la ‘operación Malaya’.