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Dos meses antes de su fallecimiento, Jesús Gil firmó una escritura de transmisión de la mayor parte de las acciones de una de sus principales sociedades, Rancho Valdeolivas SA, al menor de sus hijos, Óscar Gil Marín. Esta operación permitió sustraer de la herencia los valores de la citada compañía, con sede en Los Ángeles de San Rafael y que se encuentra extinguida desde 2017.
La herencia de Jesús Gil se encuentra sujeta a satisfacer en favor del Ayuntamiento de Marbella las cantidades fijadas en la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas tras las anomalías detectadas en la gestión municipal tras la llegada de Gil al poder en 1991.
En el momento de su fallecimiento, el 14 de mayo de 2004, el exalcalde de Marbella se hallaba incurso en cinco procedimientos judiciales con posibles derivaciones en cuanto a responsabilidades pecuniarias. Además del citado caso del Tribunal de Cuentas, estaban abiertas otras cuatro causas, tres en la Audiencia Nacional y la restante, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella.
Así fue como 3 de marzo de ese mismo año, Jesús Gil y su hijo Óscar firmaron una escritura de transmisión de acciones del primero en favor del segundo por el que el menor de los herederos se hizo con la titularidad de 108.000 acciones de la citada sociedad, que a partir de ese momento dejaron de formar parte de la futura herencia.
En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se expuso que tanto Gil como su mujer, María Ángeles Marín Cobo, tenían una deuda pendiente con su hijo Óscar de 753.811 euros, compuesto por principal e intereses, como consecuencia de un préstamo realizado por el más pequeño de los herederos a sus padres.
En la escritura, los firmantes sostienen que este préstamo «está debidamente documentado y acreditarán donde fuere preciso» y que existe acuerdo de ambas partes en valorar las acciones de Rancho Valdeolivas en el importe de la cantidad adeudada, con lo que la transmisión de esos valores cancela la supuesta deuda.
El 11 de noviembre de 2004, seis meses después del fallecimiento del exalcalde, sus sucesores firmaron una escritura en la que aceptaban expresamente la herencia a beneficio de inventario. En esa escritura se incluyó un inventario de bienes y derechos en el que se incluían cuatro cuentas corrientes y acciones en diez sociedades, entre las que no figuraba Rancho Valdeolivas. Los hijos de Gil valoraron la herencia en 1,3 millones.
En esa declaración, e independientemente de la valoración, se incluyó además la supuesta deuda de 753.811 euros. Años después, y tras realizarse un proceso aún incompleto de inspección, la Subdirección General de Inspección de los Tributos de la Comunidad de Madrid elevó la valoración de los activos a 4,7 millones de euros, tal y como informó ayer este periódico.
Además, la administración tributaria excluyó del pasivo el préstamo por esa cantidad, al no considerarlo acreditado, por lo que no lo computó como deuda.
La sociedad Rancho Valdeolivas siguió operando dentro del conglomerado de la familia Gil hasta que se consideró extinguida en 2017.
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