Un informe de la policía revela millonarios intereses del comisario Villarejo en Estepona

Como parte de esta estructura figura el arquitecto Diego de Lucas, nombrado gerente de Urbanismo por el entonces alcalde de Estepona, David Valadez, cuando éste asumió el cargo después de que la ‘operación Astapa’ descabezara el Ayuntamiento y enviara a prisión al hasta entonces primer edil, Antonio Barrientos, y buena parte de su equipo.

El informe elaborado por Asuntos Internos señala que Villarejo es directa o indirectamente titular de numerosas sociedades con un capital social desembolsado que supera los 25 millones de euros. «En el entramado societario creado por Villarejo –señala el informe– se observa una operativa consistente en constituir empresas con la única finalidad aparente de que los bienes (de los que ya es propietario) figuren a nombre de las mismas, interponiendo de esta forma una persona entre las propiedades y el verdadero titular».

En el informe, Asuntos Internos concluye que existen indicios objetivos que sugieren la necesidad de adoptar nuevas medidas de investigación tendentes a aclarar si la estructura societaria pudiera estar sirviendo de base para introducir en el sistema económico legal bienes de origen ilícito.

Estas sociedades, algunas constituidas en España y otras, en el estado norteamericano de Delaware y en Uruguay, figuran en su mayor parte a nombre de personas de la máxima confianza del mando policial. En total se trata de 14 personas, entre quienes figuran, además de familiares directos de Villarejo, dos que tuvieron un papel relevante en la ‘operación Astapa’, desencadenada en el verano de 2008. Se trata del empresario Juan Carlos Escribano, que denunció supuestas presiones por parte del entorno de Barrientos para conseguir descuentos en la compra de inmuebles, y del citado Diego de Lucas. Sobre todas ellas, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía concluye la necesidad de que sean investigadas, según el informe, que fue remitido en abril de 2016 a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y que dio lugar a la investigación del conocido como ‘caso Tándem’.

Escribano, promotor de la urbanización Mirador de la Cala, figura en el informe policial como un empresario que opera principalmente en Andalucía y que ocupa cargos de representación en algunas de las sociedades de Villarejo, como Camino de Camoján, y es socio en otras, entre ellas Cenyt Salud. El informe hace un pormenorizado recuento de los bienes que aparentemente conforman el patrimonio oculto del comisario, entre los que figuran 92 inmuebles, entre apartamentos, parcelas, naves, locales comerciales y oficinas. De estos, más de la mitad, un total de 48, están en Estepona y 18, en Benalmádena. El entramado también cuenta con propiedades en Sevilla, Marbella, Torrox, Córdoba y localidades madrileñas.

CPD Real Estate SL, constituida en Madrid y en la que aparece como administrador único uno de los hijos del comisario, tiene a su nombre, entre otros, 13 inmuebles en Estepona entre los que figuran apartamentos, locales y aparcamientos en diferentes puntos del término municipal.

A nombre de la sociedad Beloso Baker & Asociados, constituida en 2003 pero absorbida posteriormente por otra sociedad de la trama, figura la gran mayoría de los inmuebles en Benalmádena. El resto de los inmuebles situados en Estepona figuran a nombre de Cenyt Ksur y Riomar Costa SL.

Cuando fue citado por el juez para declarar como testigo en el ‘caso Astapa’, el entonces alcalde, David Valadez, que posteriormente se supo que había sido quien con su denuncia de noviembre de 2006 ante la UDEF en Madrid había dado lugar a la investigación que desencadenó la operación, aseguró que De Lucas, arquitecto de profesión, no tenía interés alguno en el municipio y que lo había traído como gerente «para poner orden en el urbanismo». 

De Lucas, sin embargo, aparece en el informe de Asuntos Internos como administrador único de Sensible Code, una de las sociedades que forman parte del entramado y cuyo objeto social es «la publicación por cuenta propia de impresos periodísticos, así como explotar empresas editoriales de información en general». Esta empresa, según la investigación, editaba un medio de comunicación digital desde el que Villarejo se defendía de las acusaciones de las que era objeto por sus actividades empresariales.

El entonces gerente de Urbanismo tuvo una participación decisiva en el otorgamiento de la licencia de primera ocupación a la urbanización Mirador de la Cala, una de las propiedades de la red de Villarejo en Estepona, que durante el gobierno de Barrientos había estado bloqueada por deficiencias detectadas por los técnicos, entre ellas la falta de 113 aparcamientos.

El criterio impuesto por De Lucas, según declaró Valadez ante el juzgado, fue el de dar licencia con sanción económica y que la solución para los aparcamientos pasaba por que se adquirieran en terrenos adyacentes. La licencia fue concedida en noviembre de 2008, aunque no consta que se haya iniciado un procedimiento sancionador contra la promotora.