Hacienda y el Ayuntamiento mantienen el pulso por los 12 millones de euros de Roca

El origen de este conflicto se remonta a la época de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento y la deuda con el Estado acumulada por la institución municipal, 190 millones de euros con la Seguridad Social y casi 90 millones con Hacienda. En 2012 el gobierno municipal de Ángeles Muñoz llegó a un acuerdo con Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para refinanciar esa deuda a 40 años. El acuerdo incluía una cláusula que obligaba al Ayuntamiento de Marbella a entregar al Estado lo que fuera cobrando por las indemnizaciones fijadas en las sentencias por casos de corrupción. Esta cláusula fue retirada por una disposición adicional a la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que permitía al Ayuntamiento disponer de esos fondos.

El 26 de junio de ese año, dos días antes de que los Presupuestos fueran aprobados de manera definitiva, el Ayuntamiento recibió de manos del presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, José Godino, un talón de 12 millones de euros procedente de la venta de bienes incautados a Juan Antonio Roca durante la 'operación Malaya', cantidad que se imputó a parte de la indemnización impuesta al exgerente de Urbanismo en la sentencia del 'caso Saqueo'.

Tanto Hacienda como la Seguridad Social reclamaron al Ayuntamiento la entrega de esa cantidad, a lo que el Ayuntamiento se negó por considerar por un lado que la liquidación no correspondía hacerla en ese momento, sino al finalizar el año, y por el otro, que los Presupuestos Generales del Estado rigen para todo el ejercicio y no sólo desde el momento en que se aprueban.

Ambos organismos del Estado dieron entonces por roto el acuerdo de refinanciación y reclamaron al Ayuntamiento el pago de toda la cantidad adeudada en ese momento: 140 millones, la Seguridad Social y más de 50 millones, Hacienda.

En el caso de la Seguridad Social, el Ayuntamiento presentó un recurso ante el Juzgado Central del Contencioso Administrativo de Madrid con el que consiguió que se dictara la suspensión cautelar de la resolución dictada por ese organismo que obligaba a la ciudad a pagar de una sola vez los 140 millones. El juzgado consideró, sin entrar en el fondo del asunto, que la ejecución de esa medida tendría una repercusión directa sobre la prestación de servicios públicos esenciales a los vecinos de Marbella.

Sin embargo, con Hacienda el Ayuntamiento no pudo proceder de la misma manera, ya que la entidad tiene un órgano interno, el Tribunal Económico Administrativo Central, al que es obligatorio recurrir antes de ir a la justicia. Este tribunal ya ha fallado en contra del Consistorio, que ahora sí podrá acudir a los tribunales para pedir cautelarmente la suspensión de la medida impuesta por Hacienda. Mientras tanto, la Agencia Tributaria ha inmovilizado la cuenta de Radiotelevisión Marbella, la única de las sociedades municipales aún en activo cuya deuda con el Estado se incorporó a la deuda global municipal en el momento en el que se acordó la financiación.