La Fiscalía pide la extradición de Carlos Fernández por ‘Malaya’ y otras dos causas

El Ministerio Público considera que el delito de cohecho agravado por el que se procesó a Fernández en relación a la trama de corrupción de Marbella prescribe a los 15 años, y no a los 10 como cree la defensa del exedil.

El fiscal jefe provincial de Málaga, Juan Carlos López Caballero, firmó el pasado martes un informe dirigido al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde se instruyó el ‘caso Malaya’, en el que sostiene que no procede declarar extinguida la responsabilidad penal de los delitos por los que Fernández fue procesado en esa causa al no haber transcurrido los plazos de prescripción previstos en el Código Penal.

El fiscal explica que el delito de cohecho que se le imputa al exedil estaba castigado en el Código Penal de 1995 –el que a su entender debe aplicarse en este caso por la fecha de los hechos– por pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación de siete a 12 años. Según el representante del Ministerio Público, correspondería en consecuencia, según aquella norma, un plazo de prescripción de 15 años, ya que una de las penas asignadas por la ley al delito imputado es de inhabilitación por más de diez años.

El informe señala que el tiempo de la prescripción de los delitos se computará, según determina desde el día en que se haya cometido la infracción punible, aunque ese plazo queda interrumpido, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, y comienza a correr de nuevo desde que se paraliza el procedimiento. En el procedimiento de ‘Malaya’, la fecha de comisión del delito imputado se sitúa en los años 2.004 y 2.005, “fechas en los que se concretan los sobornos que recibe el señor Fernández Gámez por parte del Roca, con dinero procedente de los empresarios, también procesados en este procedimiento”, recuerda el fiscal.

Asimismo, señala que la cifra percibida por el entonces concejal del Ayuntamiento de Marbella se sitúa en trono a los 150.000 euros, en pagos que se efectúan los días 13 de octubre de 2.004, 20 de diciembre de 2.004 y 22 de febrero de 2.005, según la documentación aportada al procedimiento.

El procedimiento contra Fernández, indica el informe, quedó interrumpido con el auto del 20 de octubre de 2006, cuando se decreta su busca y detención internacional, y tomando en cuenta cualquiera de esas fechas, “resulta que el delito imputado no se halla prescrito pues no ha transcurrido a la fecha actual el plazo de los 15 años establecido en el Código Penal aplicable al referido delito”, sostiene.

La Fiscalía ha informado asimismo en relación a otras dos causas en las que considera que los delitos por los que se persigue a Carlos Fernández no están prescritos.

La primera es un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella por presunta prevaricación urbanística, conocido como ‘caso Obarinsa', cometida en febrero de 2004 en la que se le solicitan dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez años. En este asunto se investigó la concesión de una licencia para la ejecución de un edificio de 80 viviendas que se no ajustaba al ordenamiento urbanístico. Este procedimiento quedó paralizado el 10 de diciembre de 2009, cuando se decretó la rebeldía del exconcejal y se ordenó su busca y captura.

El segundo de estos procedimientos, por un delito contra la ordenación del territorio, se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y corresponde a la concesión de la licencia de ejecución de diez viviendas en Cristo de los Molinos, también en contra de la ordenación urbanística vigente en ese momento. Por esta causa se le solicitan de seis meses a dos años de prisión, multa e inhabilitación especial de siete a diez años.

Por el contrario, la Fiscalía considera que otra de las causas en las que también está implicado Carlos Fernández, la condena firme por malversación de caudales públicos a dos años de prisión, sí ha prescrito.