Visto para sentencia el juicio por coacciones al dueño de Villa Padierna

No ha habido sorpresas, las partes se han reafirmado en sus argumentos. El dueño de los hoteles Villa Padierna y presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, ha negado este miércoles ante el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial cualquier irregularidad en la finalización del contrato con la empresa que entre 2012 y 2014 gestionó parte de las instalaciones de sus hoteles. En su declaración, el acusado, para el que la Fiscalía pide dos años de prisión por coacciones, se ha reafirmado en su versión inicial. Mientras tanto, desde la acusación particular –encarnada por la sociedad a la que le fue cedida el espacio de salud y 'wellness' de los establecimientos de Benahavís y Carratraca– han mantenido su postura, pidiendo a los magistrados que consideren los cargos de apropiación indebida, delito que sí contempló el magistrado que instruyó la causa.

Los hechos que se han juzgado este miércoles se produjeron durante el año 2014, en el que terminó abruptamente la relación comercial entre Villa Padierna y la sociedad proveedora de servicios de salud, denominada BDB Wellness. Según la denuncia de los responsables de esta compañía, Arranz impidió la entrada de los trabajadores al complejo tras una serie de desavenencias entre ambas partes, llegando a cambiar la cerradura y bloquear bajo llave los espacios donde trabajaban habitualmente, dejando en el interior todo el material de la firma –esos son los hechos que la acusación particular describe como apropiación indebida–.

Según fuentes consultadas, durante la sesión de hoy, que se ha celebrado a puerta cerrada, han declarado varios testigos relacionados con el conflicto mercantil que se generó a raíz del fin del contrato. Los directores de los hoteles, varios empleados de BDB Wellness y otros implicados han detallado cómo vivieron los hechos. Arranz ha negado cualquier delito ante el tribunal, afirmando que la rescisión del contrato se hizo mediante una notaría que dio fe de que se desarrolló de la forma apropiada.

La acusación particular ha hecho especial hincapié en que los hechos que se juzgan no sólo implican la coacción del hotelero a la hora de rescindir el contrato, sino que el bloqueo del material de trabajo fue delito de apropiación indebida, ilícito penal que el juez de instrucción que se hizo cargo del caso a raíz de la denuncia sí contemplaba en sus conclusiones. De hecho, el magistrado redactó un auto en 2015 en el que ordenaba a la dirección de los hoteles la apertura de estos espacios para que la firma de 'wellness' se llevase el material.