El Defensor del Pueblo investiga el incumplimiento de una sentencia que anula la licencia de cuatro gasolineras en Marbella

Héctor Barbotta

Marbella

Miércoles, 23 de mayo 2018, 00:44

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La representación legal de una asociación profesional que aglutina a vendedores de combustible de Andalucía ha reclamado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz para que se ejecute una sentencia que anula la licencia de obras con la que se construyeron cuatro gasolineras en Marbella. Las licencias fueron concedidas por el Ayuntamiento durante la época de Jesús Gil sobre suelo que no permitía ese uso y anuladas por una sentencia del Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga que fue confirmada el 20 de enero del año pasado por la Audiencia Provincial de Málaga.

Todas las licencias fueron concedidas durante los mandatos municipales del GIL –en concreto en cuatro comisiones de gobierno celebradas, respectivamente, en marzo y noviembre de 1995 y en enero y mayo de 1996– violando la norma urbanística vigente en aquel momento, el PGOU de 1968, y también el de 1986, que el juzgado considera en vigor desde su publicación en el BOP el 28 de noviembre de 2000. Este Plan también es el válido en la actualidad tras la anulación del aprobado en 2010.

Los denunciantes reclaman la ejecución de esta sentencia, en la que también se condenaba por prevaricación a Pedro Román, Julián Muñoz y a otros siete exediles del GIL, y consideran que la misma implica el cierre de las cuatro gasolineras, que se encuentran en funcionamiento desde hace más de 20 años en diferentes puntos del término municipal; en Cabopino, en la cara norte del arco de entrada a la ciudad, en la autovía a la altura de Nagüeles y en el Trapiche Norte, junto a la estación de autobuses.

Las licencias de obra fueron aprobadas sobre suelos con calificación urbanística incompatible con el uso industrial que requiere un permiso para la construcción de una estación de servicio. La situada junto al arco de Marbella se construyó sobre suelo clasificado en el PGOU de 1986 como urbano reservado para parque jardín público; la de Cabopino, en terrenos calificados como sistemas libres de dominio y uso público y zona verde; la del Trapiche, en suelo urbano con la calificación de equipamiento público educativo, y la de Nagüeles, en terrenos reservados para uso comercial y para equipamiento público deportivo.

En el escrito dirigido al Defensor del Pueblo, la representación legal de los denunciantes solicita al Defensor del Pueblo que exija a las administraciones con competencias en el ámbito de las estaciones de servicios y gasolineras –Ayuntamiento y Junta de Andalucía, a las que acusa de pasividad– los motivos por los que no se ha ejecutado la sentencia que anula esas licencias.

Los denunciantes piden que se considere que en Marbella no se están ejecutando las firmes de los tribunales ni en materia de Medio Ambiente ni en el ámbito urbanístico, incurriéndose en su opinión en la comisión de presuntos delitos de prevaricación y desobediencia.

El Defensor del Pueblo, según ha comunicado por escrito, ha admitido a trámite esta queja y ha pedido información en dos oportunidades al Ayuntamiento de Marbella, sin haber obtenido respuesta de momento.

Fuentes municipales aseguran que desde la Delegación de Urbanismo se ha solicitado un informe a la asesoría jurídica municipal para determinar cómo actuar en este caso.