El Consejo de Ministros acuerda pedir la extradición de Carlos Fernández por seis procedimientos

El Gobierno español ya adelantó el pasado 25 de octubre a las autoridades argentinas en una comunicación de urgencia su intención de solicitar la extradición del exedil. En aquella ocasión lo hizo para evitar que venciera el plazo de 40 días desde la detención sin que hubiera comunicación oficial, lo que hubiera propiciado, según la norma argentina, la puesta en libertad del exconcejal, que se encuentra encarcelado en la prisión de Chimbas, en la provincia de San Juan. Sin embargo, no han sido hasta ayer cuando el Consejo de Ministros ha aprobado formalmente la solicitud de extradición a petición del titular de Justicia, Rafael Catalá. Ahora se remitirá toda la documentación a las autoridades argentinas para la celebración del juicio de extradición. Ambos países mantienen desde 1987 un tratado de colaboración judicial recíproca.

Todos los procedimientos por los que se pide la repatriación del exedil fugado para su comparecencia ante las autoridades judiciales españolas corresponden a supuestos delitos correspondientes al periodo 1991-2005, en el que Fernández fue concejal en Marbella; primero con el GIL y posteriormente con el Partido Andalucista.

La primera de estas solicitudes de extradición se fundamenta en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hace referencia a la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil investigados en el marco del conocido como ‘caso Saqueo 2’.

Se trata de hechos ocurridos entre 1991 y 1999 que ya han sido juzgados en relación con el resto de los acusados en esta causa, entre los que se encuentran el exalcalde Julián Muñoz y el exgerente de Urbanismo Juan Antonio Roca. En ese procedimiento se investigó la utilización de las empresas municipales para eludir los controles legales y saquear las arcas del Ayuntamiento.

Las restantes cinco ampliaciones de la solicitud de extradición corresponden a tres juzgados de instrucción de Marbella. Entre ellos se encuentra el ‘caso Malaya’, que se instruyó en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, en el que Fernández fue imputado por un delito de cohecho. Fernández está acusado de haber recibido sobornos de Juan Antonio Rocapara obtener resoluciones favorables a sus negocios urbanísticos entre 2004 y 2005. El juicio por ‘Malaya’ se celebró entre 2010 y 2012 mientras Fernández se encontraba prófugo.

Fue durante el transcurso de la investigación de este caso cuando en junio de 2006 el exconcejal huyó para refugiarse en Argentina, donde ha vivido oculto durante 11 años.

El Juzgado de Instrucción número 5 ha presentado también una solicitud de extradición por otro caso. Se trata de un procedimiento por un presunto delito contra la ordenación del territorio en el que Fernández está acusado de votar de forma favorable en 2003 por la concesión de licencias urbanísticas con plena conciencia de que eran contrarias a la normativa vigente.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella ha presentado otras dos solicitudes, ambas por delitos contra la ordenación del territorio. En la primera de ellas, los hechos se remontan al 14 de abril de 2004, cuando se aprobó el proyecto de ejecución de la entidad Renta 95, S.L. para edificar nueve bloques de viviendas plurifamiliares, si bien el reclamado conocía la imposibilidad legal de dicha decisión al exceder la edificabilidad permitida en una zona calificada como unifamiliar exenta. La segunda, corresponde a la aprobación el 5 de febrero de 2004 de otro proyecto similar de construcción de 42 viviendas unifamiliares por parte de la promotora TAU Tres, S.L., existiendo las mismas limitaciones normativas.

La última de las ampliaciones de solicitud de extradición corresponde al Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella por supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial cometidos el 1 de abril de 2004 como miembro de la Junta de Gobierno Local. En esa fecha se aprobó un supuesto proyecto de instalación eléctrica e iluminación del Puerto Deportivo de Marbella por un importe cercano a los 480.000 euros a través de un contrato ficticio con una entidad denominada Entidad Mapulsur S.L. En realidad, dichas obras habían sido ejecutadas con anterioridad a costa de las arcas municipales, creando así una apariencia administrativa inexistente para apoderarse de capitales públicos.

Fernández huyó de España en 2006 y se ocultó en Argentina, donde vivió en el anonimato. Al ser detenido el pasado 15 de septiembre en la provincia se San Juan, situada al oeste del país, se supo que había vivido de manera oculta en la capital homónima de la misma, donde se había casado y formado una familia. Sin embargo, nunca había regularizado su situación legal en el país sudamericano.