Cómo reclamar plusvalías, bonificaciones tributarias o sanciones sin llegar a juicio en Marbella

El Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento modificará su reglamento para reforzar la seguridad jurídica en la resolución de las reclamaciones ciudadanas, que en su mayoría están relacionadas con la liquidación del impuesto de plusvalía. Se trata de un órgano independiente creado en 2018 compuesto por tres funcionarios que se encarga de tramitar los recursos sobre asuntos tributarios. Así, los ciudadanos cuentan una entidad a la que dirigirse para reclamar plusvalías, bonificaciones tributarias o sanciones municipales antes de interponer un contencioso administrativo. Además, tiene una función consultiva, emitiendo dictámenes respecto a las modificaciones de las ordenanzas fiscales.

Con la puesta en marcha de este Tribunal Económico Administrativo se favorece la disminución de la litigiosidad y las modificaciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local este lunes apuntan al mismo sentido. El portavoz municipal, Félix Romero, ha recordado que «este Consistorio se ha dotado de una serie de tribunales independientes integrados solo por funcionarios de la Corporación local que tienen por objeto garantizar una revisión más inmediata de cualquier decisión que tome la administración para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos sin tener que acudir a los tribunales y que destinar recursos a abogados».

En esta línea ha apuntado que, «como consecuencia de la experiencia que el propio órgano ha ido acumulando en estos años, se ha visto necesario realizar una serie de mejoras en el funcionamiento para lograr una mayor calidad técnica». Entre otros, ha detallado que se establece que el escrito de la reclamación se dirigirá al órgano administrativo que haya dictado el acuerdo, quien lo remitirá al tribunal e informará de otros posibles interesados y afectados en el plazo de un mes, junto con el expediente correspondiente.

Asimismo, se contempla la posibilidad de que concurran incidentes, como la abstención o recusación de algunos de los miembros del tribunal, o la posibilidad del recurso de anulación contra las resoluciones emitidas en un plazo de 15 días. «Una vez finalizado el trámite, cualquier persona tendrá expedita también la vía a los tribunales de justicia», ha indicado Romero.

La reclamación económico administrativa se interpondrá ante el órgano que hubiese dictado el acto impugnado y puede iniciarse mediante escrito sencillo en el que el interesado se limita a pedir que se tenga por interpuesta la reclamación después de identificar con precisión el acto que se quiere impugnar. Un escrito en el que el usuario hace las alegaciones en las que fundamenta la reclamación con la aportación de los documentos que la justifiquen.

El Tribunal Económico Administrativo Municipal cuenta con una página web que recoge los diferentes formularios y guías para los ciudadanos. Con carácter general, la duración máxima del procedimiento es de un año, o de seis meses para las reclamaciones que se tramiten mediante el procedimiento abreviado. La interposición de reclamaciones económico-administrativa es gratuita, sin que sea necesaria la asistencia de abogado o procurador, lo que supone un ahorro para el usuario que además, tampoco tendrá imposición de costas en caso de resolución en contra. En todo caso, sí se le podrán solicitar el coste de las pruebas realizas a solicitud del interesado o si se considera que ha habido mala fe en la reclamación.