Los ayuntamientos de la Costa no contemplan medidas a corto plazo para regular los VTC

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos cuentan desde el pasado 25 de octubre con una herramienta legal que les permite regular la actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC) en su territorio. Cierto es que el real decreto del Gobierno que ha convalidado el Congreso no les deja margen hasta dentro de cuatro años para poder frenar la proliferación de estos coches mediante la concesión de una segunda licencia –complementaria a la nacional y que seguirá vigente para trayectos entre distintos municipios– que será necesaria para prestar servicio íntegramente en una determinada ciudad, pero lo que sí que tienen en su mano los municipios es determinar la forma en la que estos vehículos que operan a través de plataformas como Uber y Cabify pueden trabajar en sus ciudades, en la misma medida que hacen con los taxis. Es decir, que no pueden impedirles que sigan haciendo carreras pero sí decidir sobre turnos de trabajo, el sistema de contratación, el régimen sancionador e incluso las características técnicas de los vehículos.

Pese a ello, la realidad de momento en la Costa del Sol –la zona del país con mayor competencia entre ambos servicios con una licencia de VTC por cada 2,3 taxis como consecuencia del desembarco ambas multinacionales– es que los municipios no se atreven a mover ficha hasta tenerlo todo bien atado y, mucho menos, a tomar medidas cada uno por su cuenta. Los equipos jurídicos y técnicos de los ayuntamientos de Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Marbella siguen analizando todos los pormenores del decreto que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, pero ponen sus miras en la Junta de Andalucía con la intención de que sea la Administración regional la que establezca una hoja de ruta.

Un paso que tampoco parece que vaya a ser inmediato. Así se desprende de las declaraciones que recientemente realizaba el consejero de Fomento, Felipe López, al confiar en que esa «solución real» al conflicto entre taxis y VTC llegue por parte del grupo de trabajo técnico constituido por el Gobierno con todas las comunidades autónomas para aplicar el decreto. A esto se une la incertidumbre en la que va a estar inmersa la Administración andaluza con la convocatoria de las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre.

Mientras tanto, los taxistas del litoral malagueño pretenden elaborar una propuesta conjunta para trasladarla a los distintos ayuntamientos con la intención de conseguir algún avance al respecto, como podría ser la imposición de un régimen de descansos obligatorios a los VTC como el de los taxistas de la capital, que tienen que dejar el coche en el garaje dos días por semana. «Queremos reunirnos con los ayuntamientos para saber hasta dónde están dispuestos a llegar y, a partir de ahí, abordar una serie de medidas con la idea de que se apliquen por igual en todos los municipios», explica el presidente de la Confederación del Taxi de la Costa del Sol, José Royón.

En el Ayuntamiento de Málaga trabajan actualmente sobre la tesis de que para poder regular la actividad de los VTC se debería contar a nivel regional con un reglamento como el que ya tiene el taxi no sólo para unificar criterios sino también para blindarles jurídicamente. «Nuestro equipo jurídico está analizando todas las posibilidades para ver qué se podría hacer ahora, cómo se articularía y en qué plazos, pero para ello es necesario aclarar algunas cuestiones», afirman desde el Área de Movilidad. En esta línea, la interpretación que hacen los abogados es que el decreto del Gobierno habilita a las comunidades autónomas para regular y que luego sean éstas las que marquen el paso a los ayuntamientos.

En Marbella, los responsables de Movilidad también están estudiando las posibles medidas que se puedan adoptar para la regulación de los VTC. La decisión, que de momento no se prevé inmediata, se tomará, eso sí, en el seno de las reuniones periódicas que vienen manteniendo los responsables municipales del departamento con los integrantes de la unidad policial contra el intrusismo en el taxi y el propio sector, indican.

Sin entrar en las posibilidades que ofrece el decreto estatal, en Benalmádena sí que van a aprovechar la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de transporte público de viajeros en automóviles turismo en la que se contempla la creación de ocho nuevas licencias de taxi en los próximos cuatro años y un sistema de descansos obligatorios para los meses de menor actividad (enero y febrero) para ponerle coto a los VTC. ¿Cómo? Aumentando de 150 a 500 metros la distancia que estos vehículos tendrán que guardar respecto a áreas de gran afluencia de personas cuando estén con la aplicación activada. Es decir, que podrán acercarse cuando vayan precontratados a recoger un cliente o a dejarlo, pero no podrán permanecer estacionados en los alrededores de estaciones, hoteles y áreas comerciales esperando a que les salte un servicio.

En Fuengirola también dicen estar a la espera, pero en referencia a las propuestas que les puedan trasladar desde la Confederación del Taxi de la Costa del sol. «Estamos en continua comunicación con el sector del taxi para escuchar sus peticiones. Cuando se concreten serán analizadas», afirman fuentes municipales. En términos similares se expresan en Mijas. «Tenemos muy buenas relaciones con ambos sectores y estamos trabajando con ellos para ver qué podemos hacer para mejorar el servicio de transporte público en nuestro municipio», señala la concejala de Movilidad, Nuria Rodríguez.

En este artículo ha colaborado: Mónica Pérez.