El Ayuntamiento de Marbella continúa con el proceso de recuperación del patrimonio saqueado a la ciudad durante los años de gobierno de Jesús Gil. El pasado 22 de enero, la Audiencia Nacional aprobó la operación de venta de una finca inscrita por una de las sociedades instrumentales utilizadas por el exteniente de alcalde Pedro Román para ocultar su patrimonio. Parte del producto de esa operación, acordada en diez millones de euros, ingresará en las arcas municipales; el resto irá al Patronato Provincial de Recaudacíón y a la Agencia Tributaria, entidades de las que el exconcejal también es deudor.
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Román, condenado tanto en la 'operación Malaya' como en 'Saqueo 2' y en varias causas de alcance contable, es propietario a través la sociedad Development Project, que en su día utilizó con fines de ocultación, de un vasto patrimonio inmobiliario, entre el que se encuentran dos fincas, una en Marbella y la otra en Estepona, valorada la primera en diez millones de euros y la segunda, en el doble de esa cantidad sobre las que pesan embargos relacionados con varias causas judiciales.
El propio Román aseguró ante la Audiencia Nacional, donde está condenado por el 'caso Saqueo II' contar con ofertas para la venta de ambas, la primera por 10 millones de euros y la segunda, por 17,8 millones por lo que solicitó al Servicio Común de Ejecutorias Penales de la Audiencia Nacional autorización judicial para la venta de los inmuebles.
La Sala ha autorizado de momento la primera de las operaciones, al considerar que la cantidad ofrecida se ajusta su valor real de tasación, mientras que la segunda ha quedado en suspenso al considerarse que la oferta no es aún suficientemente firme.
Distribución del dinero
Al autorizarse la operación, el siguiente paso consiste en determinar cómo se distribuye el dinero entre las diferentes entidades acreedoras. Según documentación que consta en la causa, Román debe al Ayuntamiento de Marbella 3,3 millones de euros por su condena en el 'caso Saqueo II'; 8,7 millones de euros al Estado en relación con el 'caso Malaya', entre multas e indemnizaciones en favor de la Agencia Tributaria, y más de 12 millones de euros también al Ayuntamiento por procedimientos de alcanza contable. Sobre las fincas, además, pesan otros embargos de distintas administraciones públicas por deudas con la Agencia Tributaria por 83.000 euros y por 796.000 euros por una deuda con el Patronato Provincial de Recaudación.
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La venta de ambas fincas, por lo tanto, sería suficiente para saldar esas deudas. Sin embargo, al no concretarse de momento la segunda operación, se ha establecido un orden de cobro con el producto de la venta del inmueble situado en Marbella en función del orden temporal de las anotaciones.
De este modo, de los 10 millones de euros correspondientes a la venta, el Ayuntamiento percibirá 3,2 millones de euros por la sentencia del 'caso Saqueo II' y 1,3 millones de euros correspondientes a una deuda por impago del IBI.
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El resto se asignará a parte de las deudas que pesan sobre Román por su condena en el 'caso Malaya: 6,7 millones de euros por la multa impuesta al ser condenado por el delito de blanqueo y otros dos millones de euros por su responsabilidad civil en favor de la Agencia Tributaria.
Si esta operación se hubiese concretado el año pasado, cuando estaba aún vigente el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda, la administración municipal podría haber reclamado que esos fondos se destinarán a financiar actuaciones en Marbella, pero al no haberse renovado Hacienda podrá disponer de los mismos.
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